La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Santa Fe presentó un alarmante diagnóstico sobre la crisis económica provincial y formalizó un reclamo con propuestas concretas ante la Defensoría del Pueblo.

Con el respaldo de 1.000 firmas de ciudadanos, la entidad solicitó la intervención urgente del organismo para abrir negociaciones colectivas con los bancos y frenar la ola de quiebras, cierres y endeudamientos que afecta a familias y comercios.

El presidente de Apyme Santa Fe, Mario Galizzi, advirtió sobre la gravedad del escenario local y señaló que la capital provincial encabeza las estadísticas de procesos concursales en el territorio santafesino. "De las 17 quiebras que se han planteado en la provincia, 13 son en la ciudad de Santa Fe, ciudad que no quiero dejar de recalcar es la cuarta ciudad más pobre de la República Argentina, lo cual la pone en una situación de extrema fragilidad".

Galizzi remarcó que el origen del endeudamiento masivo responde a las medidas de desregulación que liberaron las tasas de interés, seguros y coberturas de salud, llevando a que siete de cada diez familias estén endeudadas. "Esta ley liberó las tasas de interés, liberó el aumento de los seguros, liberó el aumento de la obra social; liberó todo. Es peor que la Ley de Entidades Financieras y ha sido la madre de que cada 10 familias, siete estén endeudadas".

"Estamos con récord de quiebras y con récord de negocios cerrados. Se ha perdido en el país casi el 9% del entramado productivo. Es imposible que la gente pueda consumir porque los salarios están embargados, comprometidos, y los servicios aumentaron", lamentó.

En ese sentido, precisó que los salarios se ubicaron un 20% por debajo de la inflación, mientras que las tarifas de luz aumentaron más de un 500%, el gas y los combustibles un 900%, y el boleto de colectivo en la capital provincial pasó de 220 a 2.600 pesos. A este panorama sumó los índices de desempleo en la región: 11,5% en el cordón industrial de Rosario, 10,5% en Villa Constitución y 9% en el Gran Santa Fe.

Por su parte, el abogado Néstor Pujato detalló el alcance de la presentación realizada ante el organismo provincial, destacando sus facultades institucionales y legislativas. "Con 1.000 firmas de ciudadanos que nos trasladaron su inquietud y su problemática, se hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo. Le pedimos que accione directamente con bancos privados y oficiales, ya que conserva una iniciativa legislativa que puede plantear reformas en ambas cámaras".

Pujato aconsejó a los ciudadanos afectados constituir el bien de familia para proteger la vivienda única antes de caer en circuitos informales de crédito. Asimismo, aclaró los límites legales sobre embargos y retenciones salariales. "Establecer un proceso de quiebra no es fácil, pero en muchos casos es preferible antes que el ciudadano recurra a préstamos de gente inescrupulosa. Aconsejamos que la gente constituya el bien de familia y proteja su casa única".

"Con el descuento voluntario muchas veces se engaña a la gente: se le hace firmar la autorización y nunca se le avisa. La gente lo puede revocar cuando quiera; el empleador tiene el deber de proteger el sueldo del trabajador según la Ley de Contrato de Trabajo", argumentó. 

Mediaciones y compromiso legislativo

Desde el sector pyme remarcaron la necesidad de que la Defensoría del Pueblo convoque a mesas de discusión con bancos y mutuales para revisar intereses usurarios, suspender códigos de descuento automáticos y establecer esquemas colectivos de refinanciación de deudas y pago diferido de ejecuciones. "La Defensoría del Pueblo tiene que estar al frente de este tema y sentarse a discutir con los bancos los intereses usurarios que nos están cobrando con las mutuales, eliminar los códigos de descuentos e iniciar un refinanciamiento en serio de la deuda", finalizaron.