La causa por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia sumó un nuevo interrogante que ahora investiga la Justicia: movimientos de dinero realizados desde sus cuentas bancarias el día después de su muerte, mientras la víctima era velada y su celular seguía en poder de allegados a Victoria Luz Cantero, su pareja y la principal sospechosa por el hecho.

La denuncia fue presentada por la querella, que detectó transferencias digitales realizadas el 3 de agosto desde cuentas personales y billeteras virtuales de Álvarez Guardia. El dato que encendió las alarmas no está tanto en los montos —que no serían elevados— sino en el momento en que se produjeron las operaciones.

Según explicó uno de los abogados de la familia a Diario Chaco, para ese entonces el teléfono de la víctima estaba en poder de allegados a la familia de Cantero, la única detenida por la investigación.

El rastro que dejaron las transferencias

La querella llegó a esta información después de analizar los movimientos registrados en el Nuevo Banco del Chaco (NBCH). Allí aparecieron transferencias digitales hacia otras cuentas y billeteras virtuales correspondientes al día posterior a la muerte.

Para los investigadores, será clave establecer quién tuvo acceso al teléfono, desde qué dispositivo se autorizaron las operaciones y hacia dónde fue enviado el dinero.

Por ahora, la familia evitó afirmar que se trató de una maniobra intencional. Pero considera que la coincidencia temporal es suficiente para pedir que el dato sea incorporado formalmente al expediente y se realicen nuevas medidas de prueba.

“Desentrañar lo que sucedió, cuál fue el móvil y si hay algún contenido económico detrás de esto” es, según explicó el abogado, uno de los objetivos de la presentación.

La querella ya puso el hallazgo en conocimiento del Ministerio Público Fiscal y solicitó que la entidad bancaria entregue un informe oficial con el detalle de las operaciones. Ese documento permitirá confirmar las transferencias, identificar las cuentas receptoras y reconstruir la operatoria.

Ahora, la investigación tendrá que determinar si se trató de movimientos habituales, de operaciones realizadas por una persona autorizada o de una eventual maniobra de sustracción patrimonial después de la muerte.