La resolución del juez Lorenzini suspende al directorio actual y designa a dos interventores. Es para reorganizar la empresa y evitar una “parálisis total” o, al menos, preservar los bienes y fuentes de trabajo ante una eventual liquidación. La medida del juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, se enmarca en la crisis financiera y operativa de la empresa que se agravó en las últimas semanas. Como interventores societarios al contador Andrés Shocrón y al abogado Guillermo Nudemberg. El fallo dado a conocer este martes también suspendió, sin derecho a percepción de haberes, a los actuales directores de la sociedad. Los fiscales de la causa detectaron irregularidades actuales en el manejo de la empresa. Por ejemplo, el uso de fondos de la caja de la empresa para el pago de la defensa personal de los directivos acusados de estafa y otros ilícitos. El juez tomo esos argumentos para esta medida. Según el magistrado, el objetivo es prevenir una quiebra de la empresa santafesina atravesada por estafas ligadas a la cesación de pagos. También busca proteger empleos y reactivar unidades productivas mediante nuevos contratos y negociaciones. El alcance de la intervención El término de 120 días hábiles judiciales dispuesto en el fallo es computable a partir de la notificación formal y “prorrogable”. Enumera cuatro “áreas y funciones” implicadas. La primera es la “administración y disposición de todos los bienes y recursos de la sociedad, tanto dinerarios como de cualquier otra índole, ubicados en el país y/o en el extranjero (dinero en cualquier moneda, inversiones, derechos, acciones, inmuebles, stocks, productos)”. Propone: “Negociar, celebrar, rescindir, resolver y en general administrar contratos de todo tipo, tales como fazón, alquiler y/o servicios, etc. que impliquen ingresos y/o egresos para la sociedad con el objeto de reducir el déficit de la misma, o de sus unidades de negocios”, El tercer punto dispone “medidas urgentes de conservación de los activos ínterin se apruebe el plan de intervención definitivo”. “Reorganizar la estructura administrativa y productiva de la concursada conforme la realidad actual de la empresa, sus unidades de negocios y necesidades operativas inmediatas”, es el cuarto eje. El fallo ordena no interrumpir y garantizar los servicios de “todos los proveedores de servicios públicos y privados, o insumos y servicios públicos o privados considerados esenciales o indispensables para la operación industrial de las plantas fabriles”.
La denuncia contra la ministra de Capital Humano fue presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y está a cargo del juez federal Ariel Lijo.
El juez del concurso de acreedores advirtió un “escenario de parálisis societaria” y designó interventores judiciales ante el riesgo de quiebra.