La elit de Avellaneda apoyada por Dionisio Scarpin y Orfilio Marcon estafaron en mas de 1500 millones de dolares
La frase "Todos somos Vicentin", que en 2020 resonó en marchas y medios de comunicación en defensa de la empresa agroexportadora, hoy vuelve al centro de la polémica tras la detención de dos de sus exaltos directivos. Daniel Buyatti y Roberto Gazze, fueron arrestados esta semana por una investigación que los vincula con maniobras fraudulentas por más de 1500 millones de dólares. El caso reaviva el debate sobre el rol de los sectores que en su momento salieron a respaldar a Vicentin, cuando el gobierno buscaba cobrar una millonaria deuda. Hoy, desde algunos sectores políticos y redes sociales, se cuestiona con ironía aquella defensa: "Que vayan ahora a cantar 'Todos somos Vicentin' frente a la comisaría donde están presos", fue una de las críticas que circuló en redes. Los fiscales a cargo de la causa sospechan que la empresa cometió estafas y maniobras irregulares con complicidad de actores políticos y económicos. Aunque la Justicia avanza con lentitud, las detenciones marcan un punto de inflexión en el caso.
Durante el conflicto en 2020, algunos medios y figuras opositoras presentaron a Vicentin como una víctima de una persecución estatal, minimizando las acusaciones de fraude. Hoy, esos mismos sectores guardan silencio o matizan su postura, mientras crecen las voces que exigen que todos los involucrados rindan cuentas.
Los cambios en el Gabinete son una moneda constante en la administración, que suprime áreas u ordena las piezas para cubrir las vacantes.
El gobierno tomó deuda, barajó, salió del cepo y dio de nuevo, pero ¿le alcanza? Andrés Asiain, economista del CESO, dice que el préstamo del FMI es geopolítico, que al organismo "le sale gratis" y que nada marcha acorde al plan.
El gobernador inauguró el período legislativo con cifras, promesas y reformas, pero evitó mencionar la situación de los trabajadores policiales. Un discurso sin autocríticas, con marketing de gestión, pero sin alma gremial.
Este año, el gobierno nacional licitará casi 10.000 kilómetros de rutas y caminos en todo el país, solo para encontrar alguien que garantice su mantenimiento básico.