La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil marca un cambio significativo en la legislación argentina y excede la discusión sobre la edad de punibilidad. La nueva normativa es el resultado de un proceso histórico de transformación de la relación del Estado con los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

El recorrido comenzó en 1919, con la sanción de la Ley 10.903, conocida como Ley de Patronato. Aquella norma estableció un modelo tutelar que otorgaba amplias facultades a los jueces sobre las personas menores de edad. Bajo el concepto de "situación irregular", la institucionalización podía derivar tanto de la comisión de un delito como de situaciones de pobreza, abandono o supuesto "riesgo moral".

De esta manera, durante buena parte del siglo XX la protección y la respuesta frente al delito quedaron vinculadas dentro de una misma lógica estatal. El modelo tuvo una nueva expresión en 1980, durante la última dictadura cívico-militar, con el Decreto-Ley 22.278.

La norma estableció inicialmente los 14 años como edad de punibilidad, aunque ese límite fue elevado a 16 años en 1983. Sin embargo, mantuvo la denominada "disposición tutelar", que permitía restringir la libertad de adolescentes sin las mismas garantías procesales previstas para las personas adultas.

Del modelo tutelar al sistema de protección integral

El cambio de paradigma comenzó a consolidarse en 1994, con la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución Nacional. A partir de entonces, el Estado argentino asumió el compromiso de reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos.

Ese nuevo enfoque incorporó principios como el debido proceso, la especialidad de la justicia juvenil y la utilización del encierro como último recurso.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también tuvo un papel relevante en este proceso. En 2005, al intervenir en el caso "Maldonado", estableció límites a la aplicación de la prisión perpetua a personas menores de edad y reforzó el principio de proporcionalidad de las penas.

Ese mismo año fue sancionada la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que derogó la Ley de Patronato. El nuevo sistema buscó separar las políticas de protección social de la respuesta penal y estableció que las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica no podían justificar el encierro.

Otro antecedente fundamental fue el caso "Mendoza y otros", en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por las penas de prisión perpetua impuestas a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. El tribunal instó al Estado argentino a adecuar su legislación a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil.

Qué establece el nuevo régimen penal juvenil

La Ley 27.801 establece un régimen penal específico para adolescentes y fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. De esta manera, los jóvenes de 14 y 15 años pasan a quedar comprendidos formalmente dentro del sistema penal juvenil.

La normativa prohíbe la prisión perpetua para personas comprendidas en este régimen y establece un límite máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad.

Al mismo tiempo, dispone que el encierro tenga carácter excepcional y sea utilizado durante el menor tiempo posible. La legislación prioriza medidas alternativas a la privación de libertad y mecanismos vinculados con la justicia restaurativa.

Entre las herramientas previstas se encuentran la mediación, la reparación del daño, las tareas comunitarias y la libertad asistida.

Santa Fe, con un sistema juvenil ya en funcionamiento

La entrada en vigencia del régimen nacional encuentra a Santa Fe con una estructura previa para abordar los procesos penales juveniles.

Desde el 1° de junio de 2025 funciona en la provincia el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, establecido mediante la Ley 14.228. La reforma reemplazó el anterior sistema previsto por la Ley 11.452 y consolidó un modelo acusatorio específico para adolescentes.

Con este esquema, la investigación de los delitos quedó a cargo de fiscales especializados del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa corresponde al Ministerio Público de la Defensa. Los jueces, en tanto, intervienen como terceros imparciales y resuelven en audiencias orales y públicas, con resguardo de la identidad de los adolescentes.

La provincia también cuenta con una estructura de intervención diferenciada del sistema penitenciario para adultos. El esquema contempla distintos niveles, que incluyen el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, centros de puertas abiertas y los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil destinados a regímenes cerrados.

En este contexto, uno de los principales desafíos que plantea la aplicación de la nueva ley nacional será la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal juvenil.

Para Santa Fe, esto implicará ampliar el alcance de una estructura de fiscales, defensores, jueces y dispositivos especializados que ya se encuentra en funcionamiento, pero que deberá absorber las nuevas causas correspondientes a esa franja etaria.