El juez Fabián Lorenzini autorizó acuerdos para procesar maíz, girasol y soja en Avellaneda, Ricardone y San Lorenzo. Participan firmas como Cargill, ACA, Bunge y Molinos Agro.
El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, resolvió avalar diez contratos de procesamiento de granos en las plantas industriales de Vicentin SAIC ubicadas en Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, incluyendo la terminal portuaria. La medida busca reactivar y optimizar la producción en medio del proceso concursal que atraviesa la empresa. Las compañías contratantes son Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), Cargill, Bunge, Viterra, ACA, LDC Argentina, Molinos Agro, Commodities y Ammagi. Los acuerdos comprenden la entrega y procesamiento de maíz para bioetanol, girasol para aceites y soja para subproductos. En el caso de Avellaneda, se espera duplicar la producción de bioetanol, pasando de 3.000 a 6.000 metros cúbicos, lo que llevaría a la planta casi al tope de su capacidad operativa. En Ricardone, la molienda de girasol también apunta a niveles máximos, al igual que el procesamiento de soja en San Lorenzo. Los contratos fijan condiciones específicas sobre volúmenes, calidad, plazos, transporte, precios y márgenes comerciales, y fueron incorporados al expediente judicial para su publicidad, con el objetivo de informar a acreedores y la Sindicatura. Además, el juez Lorenzini firmó una resolución ampliatoria que ratifica y aclara las amplias facultades de los interventores designados, Andrés Shocron y Guillermo Nudemberg, quienes podrán representar a la empresa en reuniones societarias locales e internacionales, e incluso delegar esas atribuciones cuando sea necesario. La medida se fundamenta en el artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) y tiene como fin proteger el patrimonio de la empresa concursada, resguardar sus intereses en otras sociedades y garantizar una gestión efectiva mientras se resuelve su situación financiera.
La defensa ofreció $10 millones como reparación económica, pero la fiscalía y la querella consideraron el monto “insuficiente” y exigieron avanzar a juicio oral. El hecho ocurrió en septiembre de 2024 y dejó tres hijos huérfanos.
Se trata de Mariano Storni, de 45 años. Se le impusieron tres años de prisión de cumplimiento efectivo y se lo inhabilitó para ejercer su profesión por 10 años.
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe anuló la sentencia de Cámara que había confirmado en segunda instancia