País : En profundidad: ¿Qué cambiaría con la baja de la edad de imputabilidad en Argentina?
17/05/2025
El Congreso debate un proyecto que permitiría juzgar a adolescentes desde los 14 años. Cuáles son las modificaciones clave y qué dicen los organismos de derechos humanos.
Un proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años recibió dictamen favorable en comisiones de la Cámara de Diputados y se encuentra próximo a ser debatido en el recinto. La iniciativa, que combina propuestas del Poder Ejecutivo y distintos bloques legislativos, genera un intenso debate por sus implicancias legales y sociales. Actualmente, la ley argentina establece que las personas menores de 16 años no pueden ser juzgadas ni condenadas penalmente. En estos casos, el sistema judicial actúa desde una lógica tutelar, aplicando medidas de protección —como la internación en establecimientos especializados o la supervisión familiar— pero sin proceso penal ni condena. El proyecto aprobado en comisión plantea que a partir de los 14 años los adolescentes podrán ser imputados y sometidos a un proceso penal. Se prevén penas alternativas para delitos leves (hasta 3 años), mientras que para delitos graves la pena máxima será de 15 años de prisión. Además, se prohíbe expresamente la imposición de prisión perpetua a menores. ¿Cómo es el régimen actual? La Ley 22.278, vigente desde 1980, determina que no son punibles quienes no hayan cumplido 16 años. Esto significa que los menores no pueden ser condenados, aunque cometan delitos graves. Sin embargo, los jueces pueden ordenar medidas de protección, incluida la internación en institutos especializados, lo que en la práctica puede implicar privación de la libertad sin condena formal. Por otro lado, los adolescentes de entre 16 y 18 años pueden ser imputados y condenados si cometen delitos cuya pena mínima supere los 2 años de prisión. Detalles clave del proyecto en discusión Imputabilidad desde los 14 años: Los adolescentes entre 14 y 15 años podrán ser imputados penalmente. Penas alternativas: Para delitos con penas hasta 3 años, no se aplicará prisión efectiva sino medidas como asistencia a programas educativos, tareas comunitarias o libertad asistida. Delitos graves: Para penas mayores a 3 años y hasta 10 años, el juez podrá optar por penas alternativas si no hay violencia grave, muertes o antecedentes. Límite de condena: La pena máxima será de 15 años, sin posibilidad de prisión perpetua. Esto implica que, por ejemplo, un adolescente de 15 años acusado de homicidio podrá ser juzgado y condenado bajo este nuevo marco legal, algo que hoy no es posible formalmente. ¿Qué cambiaría para jóvenes entre 16 y 18 años? Actualmente, si un joven de 17 años comete un delito con pena menor a 2 años, como un robo simple, no puede ser condenado. Con la reforma, sí podrá ser imputado y recibir una pena alternativa si corresponde. En cambio, delitos más graves podrían implicar condenas con prisión. La postura de organismos internacionales Organismos como UNICEF advirtieron que bajar la edad de imputabilidad "no es necesario" y puede significar un retroceso en materia de derechos humanos. Subrayaron que la justicia juvenil debe respetar los tratados internacionales y que la reducción de la edad no demostró ser eficaz en la lucha contra la inseguridad. La Red Internacional de los Derechos del Niño (CRIN) recordó que varios países que redujeron la edad mínima para responsabilidad penal, como Dinamarca y Georgia, luego revirtieron esas decisiones tras recomendaciones de organismos internacionales. En particular, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expresó preocupación por estas reducciones, recomendando respetar estándares internacionales que priorizan la protección y reinserción de los menores antes que su sanción penal estricta.
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