El intendente Iván Sánchez presentó los resultados de una auditoría sobre la gestión anterior, encabezada por Leandro Chamorro. El actual mandatario evalúa avanzar con una denuncia penal.
La situación económica y administrativa de la Municipalidad de Las Toscas quedó en el centro de la escena luego de que el intendente Iván Sánchez diera a conocer los resultados de una auditoría realizada sobre la gestión anterior, encabezada por Leandro Chamorro. Según se informó, el relevamiento detectó presuntas irregularidades y obligaciones pendientes que alcanzarían los 258 millones de pesos.
Entre los principales puntos observados se encuentran aproximadamente 110 millones de pesos en deudas con la Caja de Jubilaciones, además de compromisos económicos derivados de juicios perdidos que no habrían sido abonados.
Otro de los aspectos señalados está vinculado con la obra del polideportivo municipal. De acuerdo con lo expuesto, el municipio debería reintegrar alrededor de 70 millones de pesos, debido a que la obra habría sido rendida como finalizada, aunque todavía quedarían trabajos pendientes: la terminación de los baños y la construcción de un salón de usos múltiples (SUM) de 100 metros cuadrados que no se habría ejecutado.
La auditoría fue realizada por un estudio contable de Villa Ocampo, a cargo del contador Pablo Díaz, quien estuvo al frente del relevamiento de la documentación y la situación financiera municipal.
La posibilidad de una denuncia penal
Uno de los aspectos que genera mayor repercusión política es la posibilidad de que Iván Sánchez avance con una denuncia penal ante la Justicia contra su antecesor. La situación adquiere particular relevancia porque ambos dirigentes pertenecen al mismo espacio político, Unidos.
Los resultados de la auditoría vuelven a poner bajo la lupa la administración de los recursos públicos en Las Toscas y abren un nuevo capítulo político e institucional, mientras se aguarda conocer si el Ejecutivo municipal formalizará las acciones judiciales anunciadas.
Las observaciones difundidas corresponden a los resultados de la auditoría y deberán ser materia de las actuaciones administrativas o judiciales que pudieran corresponder.




