El Senado aprobó este jueves, por unanimidad, la nueva Ley de Discapacidad, en medio de una sesión que estuvo marcada por fuertes cruces entre el peronismo y el oficialismo por la demora del tratamiento de la ley.
La iniciativa reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento.
También establece mecanismos de control sobre los recursos destinados al sector y fija un cronograma para regularizar las deudas con los proveedores del sistema.
La ley obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra.
Además, se mantienen el nomenclador universal y la actualización por inflación.
Ahora, resta la reglamentación del Ejecutivo, que tiene potestad para realizar vetos parciales o total.
El texto arobado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.
Además, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
También se garantiza que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).
En tanto, se detallan partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y se prevén compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclara que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
La norma sancionada introduce mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un "debido proceso inclusivo" que contempla notificación y rehabilitación provisoria.



