Los buenos no son siempre los de azul, como suele pregonar el presidente Javier Milei. Al menos, la justicia federal no lo considera así. La administración de La Libertad Avanza (LLA) ya tiene al primer integrante de las fuerzas de seguridad condenado por reprimir protestas pacíficas en las inmediaciones del Congreso. Se trata de Cristian Rivaldi, principal de la Policía Federal Argentina (PFA), que recibió una sentencia a un año y tres meses de prisión en suspenso por haber gaseado a una nena de diez años que fue a una manifestación en apoyo a los jubilados con su mamá.

Poco después de las once de la mañana –cuando el papa León XIV estaba dando su última misa en el país– comenzó en los tribunales de Comodoro Py el juicio correccional contra Rivaldi. El proceso estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

El juicio duró unas pocas horas. Antes de las 19, Rafecas ya había dado a conocer su veredicto: el policía era penalmente responsable por incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves contra la niña y su madre. El juez federal también decidió que Rivaldi estará inhabilitado para ejercer funciones policiales por el doble de tiempo de la condena, es decir, por dos años y seis meses.

La fiscalía había pedido una pena de un año y seis meses, mientras que la querella, que encabeza el abogado Gregorio Dalbón, había solicitado un año y ocho meses. El fallo, cuyos fundamentos se conocerán el 17 de noviembre, representa un duro golpe para el gobierno que había salido en auxilio de Rivaldi.

“Esta es la primera condena por la represión del gobierno de Milei, y no va a ser la última. Un juez federal acaba de decir con una sentencia penal lo que el Gobierno negó durante más de dos años: a Fabrizia, una nena de diez años, la gaseó un policía federal. Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión y a no poder vestir el uniforme por el doble de ese tiempo. Pero Rivaldi no actuó solo ni se cubrió solo”, sostuvo Dalbón después de que se conociera el fallo.

“Patricia Bullrich miró a la cámara y le dijo al país que nadie había gaseado a una nena. Ahora, la desmintió la Justicia. Alejandra Monteoliva salió por los canales a sostener un video falso que le echaba la culpa a una manifestante, una operación para tapar lo que quedó confirmado con una condena. Mintieron para encubrir, y mentirle a la sociedad para proteger a un policía que lastimó a una nena tiene consecuencias. Ahora vamos por Bullrich y por Monteoliva. La condena de hoy es el piso, no el techo. El que apretó el gas ya fue condenado. Faltan las que dieron la orden y armaron la mentira”, agregó Dalbón.

El 11 de septiembre de 2024, Fabrizia Pegoraro estaba sentada sobre la avenida Rivadavia junto a su mamá, Carla Mariana Pegoraro, cuando les llegó la orden a las fuerzas federales de avanzar para despejar la calle de manifestantes. La mujer y la nena estaban de espaldas cuando Rivaldi las roció con gas irritante. Ambas tuvieron que ser atendidas en la zona del Congreso. Fabrizia debió ser asistida más tarde en el Hospital Santa Lucía, donde le diagnosticaron una conjuntivitis química.

En ese momento, Rivaldi, de 39 años, cumplía funciones en la DOUCAD. Según explica la propia PFA en sus redes sociales, la DOUCAD es la “unidad especializada en el control de multitudes, el control del orden público, así como en la contención y prevención de tumultos durante grandes concentraciones de personas, en los asuntos que resulten de competencia del Estado Nacional”.

Durante la instrucción de la causa, la estrategia principal de Rivaldi fue decir que él no había visto que estaban Fabrizia y su mamá. Por el contrario, habló de una persona no identificada que arrojaba gas pimienta y de otro hombre que estaba atacando al jefe del Departamento del Cuerpo de Infantería de la PFA.

La defensa de Rivaldi se encuadró en la estrategia que empleó el Gobierno para intentar explicar lo que había pasado con la nena: decir que, en realidad, había sido rociada con gas pimienta por una persona ajena a las fuerzas federales. En redes sociales, la entonces ministra de Seguridad, Bullrich, acusó de “irresponsable” a la madre de Fabrizia por haber llevado a la nena a una manifestación. Quien entonces era su número dos y hoy la reemplaza, Monteoliva, salió a decir en los medios de comunicación que quien había rociado a la nena habría sido una mujer que vestía de naranja. Es decir, una socorrista. Todo esto fue acompañado por la difusión en medios de comunicación de un video editado.

En el pedido de elevación a juicio, el fiscal Eduardo Taiano señaló que Rivaldi había actuado de manera desmedida e injustificada cuando madre e hija estaban sentadas sin ofrecer ningún tipo de resistencia. En ese sentido, no respetó el reglamento general para el empleo de armamento no letal de inmovilización e incapacitación de agresores por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad ni el manual de capacitación policial en el uso racional de la fuerza.

Rivaldi incluso habría violado el llamado “protocolo antipiquetes”, que ha sido el caballito de batalla de Bullrich y Monteoliva para reprimir. La resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad establece que “los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales”. No hubo atención ni cuidado para Fabrizia.

Página 12