La multitudinaria misa que el papa León XIV celebró en Palermo quedó envuelta en una polémica por la presencia de una carpa VIP destinada a famosos, empresarios y dirigentes políticos, que disfrutaron de ubicaciones privilegiadas, espacios exclusivos y servicio de catering, mientras millones de fieles esperaban durante horas bajo el sol para participar de la ceremonia.

Entre las figuras que accedieron al sector reservado estuvieron Carolina «Pampita» Ardohain, Yanina Latorre, Valeria Mazza, Florencia de la V, Marcela Tinayre y Claudia Villafañe, entre otras personalidades del espectáculo y el mundo empresarial.

La polémica creció luego de que se conocieran imágenes del interior de la carpa y detalles de su organización. Yanina Latorre contó públicamente que había recibido una invitación del gobierno porteño y mencionó, entre otras indicaciones, que debían asistir vestidos de negro.

Un pedido de explicaciones por los gastos

El episodio llegó al ámbito político. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes dirigido a funcionarios del Gobierno nacional para conocer quién organizó las invitaciones, con qué criterios se seleccionó a los invitados y cuánto costaron el montaje de las instalaciones y el servicio de catering.

También busca determinar quién financió esos gastos y si se utilizaron recursos públicos para sostener los espacios exclusivos.

Según trascendió, las invitaciones a las figuras del espectáculo fueron cursadas desde el Gobierno porteño, mientras que la organización y los gastos del evento involucraron al Gobierno nacional.

El contraste que generó indignación

Las imágenes del sector VIP provocaron numerosas críticas en redes sociales, principalmente por el contraste entre las comodidades ofrecidas a un grupo de invitados y las condiciones en las que miles de personas esperaron para participar de la celebración religiosa.

La discusión también puso el foco en el mensaje de humildad, solidaridad y compromiso social transmitido por el pontífice durante su visita.

La pregunta que ahora busca respuestas en el ámbito político es quién decidió otorgar esos privilegios y, fundamentalmente, quién pagó la cuenta.