La Justicia declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda SA, la empresa textil vinculada al grupo Vicentin ubicada en la localidad santafecina de Reconquista, después de que fracasaran las negociaciones con los acreedores y no se presentaran interesados en el proceso de salvataje. La decisión fue tomada este miércoles por el juez Fabián Lorenzini, del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, Santa Fe. La resolución también abre una nueva etapa para la compañía, ya que se analizará la posibilidad de mantener la producción de manera transitoria mientras se avanza con su venta, con el objetivo de preservar el valor de los bienes y los puestos de trabajo.

La decisión llegó nueve días después de que venciera el plazo para que otras empresas, acreedores o cooperativas de trabajadores se presentaran para intentar salvar a la compañía. El 5 de este mes, la Justicia confirmó que no se había registrado ningún interesado. Como Algodonera Avellaneda tampoco había conseguido un acuerdo con sus acreedores, el juez resolvió declarar la quiebra.

En el fallo, al que accedió LA NACION, Lorenzini explicó que ya no era posible dar más tiempo a la empresa. “El juez no posee facultades discrecionales para dilatar el trámite ni para conceder nuevos plazos no previstos en la ley”, señaló. Y agregó: “La prolongación de este proceso preventivo solo se traduciría en una severa agravación del daño patrimonial, en un financiamiento forzoso a costa de acreedores posconcursales y en la paulatina destrucción del valor de realización de los activos”.

Según detalló la resolución, las deudas financieras verificadas superan los US$260 millones, además de los compromisos en pesos. A esto se suman deudas generadas después de que la empresa se presentara en concurso preventivo, que se estiman en más de $6000 millones, por gastos de funcionamiento, servicios públicos e impuestos que no pudo afrontar.

Uno de los principales impedimentos para alcanzar un acuerdo fue la posición del Banco Nación, que concentra más del 80% de las deudas que se tenían en cuenta para aprobar la propuesta de pago. Estos compromisos se originaron en garantías que Algodonera Avellaneda había otorgado a Vicentin. La empresa había pedido que el banco no participara en la votación del acuerdo, pero el juez rechazó ese planteo el 14 de septiembre. Después se abrió una última oportunidad para que otros interesados se hicieran cargo de la compañía, aunque nadie se presentó.

La resolución establece que se deberá analizar si las plantas pueden seguir produciendo mientras se busca vender la empresa o alguna de sus partes. Para eso, los síndicos, que ahora estarán a cargo de administrar sus bienes, tendrán que presentar un informe sobre los gastos e ingresos previstos, los trabajadores necesarios y la forma en que se manejará el dinero. “El cierre del establecimiento, la paralización de las actividades y la venta de los bienes en forma individual es, sin lugar a dudas, la última alternativa”, sostuvo Lorenzini.

El juez también advirtió sobre el impacto que tendría una paralización inmediata de la producción en los trabajadores y sus familias. “El cierre intempestivo de las plantas industriales situadas en la región provocaría la pérdida inmediata de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, afectando a familias de trabajadores textiles cuya subsistencia depende del mantenimiento de la actividad”, señaló.

La compañía cuenta con alrededor de 360 trabajadores y, en los últimos meses, había mantenido parte de sus operaciones mediante trabajos para otras empresas, que le encargaban la elaboración de productos. En esa línea, Lorenzini señaló que mantener las plantas en funcionamiento permitiría conservar su valor de cara a una futura venta. “Una planta industrial en marcha, con maquinaria preservada, circuitos comerciales activos y contratos de servicio o fazón vigentes, ostenta un valor de realización superior al de un conjunto de bienes inanimados o chatarra industrial”, indicó.

Por otra parte, el juez ordenó que la administración de todos los bienes de Algodonera Avellaneda quede a cargo de los síndicos, quienes también deberán tomar el control de las instalaciones, la maquinaria y la documentación de la compañía. Además dispuso que los integrantes del directorio no puedan salir del país sin autorización judicial y que queden inhabilitados para ejercer sus funciones.

En paralelo, se avanzará con la venta de la empresa en funcionamiento o de sus distintas unidades de negocios. También se podrá analizar la venta de los bienes por separado si resulta más conveniente para pagarles a los acreedores. Por último, Lorenzini convocó a una audiencia para el jueves 22 de octubre, a las 8.30, en Reconquista, con la participación de acreedores, trabajadores y otros interesados. Allí se darán explicaciones sobre la quiebra y los próximos pasos del proceso judicial.