El abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Justicia al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet, por las operaciones con oro de las reservas que, según la Auditoría General de la Nación (AGN), generaron pérdidas por USD 1.023 millones en 2025. El informe contable del Central indica USD 960,2 millones de resultados negativos por opciones financieras y USD 62,8 millones por pago de primas, equivalentes a $1.469.155 millones al cierre.

La denuncia busca determinar quién decidió, autorizó y diseñó las operaciones, con qué contrapartes se hicieron, cuál fue su justificación económica, qué riesgos se asumieron, qué controles existieron y si hubo perjuicio patrimonial para el Estado. Dalbón afirmó que "1.023 millones de dólares no son una anotación contable" y advirtió que, si hay riesgo de ocultamiento o destrucción de pruebas, pedirá una actuación inmediata de la Justicia. El martes 13 de octubre ampliará la presentación ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, solicitará indagatorias y medidas urgentes de preservación de prueba.

En paralelo, el bloque Justicialista del Senado, con Martín Soria, Juliana Di Tullio y María Florencia López, sostuvo que el informe de la AGN convalida sus advertencias sobre el manejo oculto de las reservas de oro. Recordó que desde abril de 2026 denuncia penalmente a Milei, Caputo y Bausili por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Los senadores cuestionan el secretismo del equipo económico y el traslado de lingotes a bóvedas de Londres y Basilea.

El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, señaló que el BCRA operó "especulando" con el precio internacional del metal y cometió un error de cálculo que derivó en pérdida de divisas. El Central rechaza las acusaciones, defiende su gestión y habla de "intencionalidades políticas". La oposición considera que el patrimonio soberano no puede ser usado en operaciones experimentales y exige rendición de cuentas ante los tribunales federales.