La declaración de quiebra de Linor SRL, conocida este viernes a través del Boletín Oficial de Misiones, abrió una nueva etapa judicial para el aserradero de Azara, que cerró sus puertas en mayo y dejó a alrededor de 130 trabajadores sin empleo. 

La Justicia dispuso la incautación de los bienes de la empresa, el bloqueo de sus cuentas y la elaboración de un informe individualizado sobre las deudas laborales, medidas que buscan determinar el patrimonio disponible y establecer las acreencias de quienes quedaron afectados por el cierre.

Sin embargo, mientras avanza ese proceso, la situación cotidiana de los exempleados continúa siendo crítica. Algunos debieron trasladarse a otras provincias o cruzar la frontera hacia Brasil para conseguir trabajo, mientras que otros permanecen en Azara, donde sobreviven con el fondo de desempleo, asistencia alimentaria del sindicato y un comedor organizado por los propios trabajadores. La incertidumbre es especialmente profunda entre quienes tienen más de 40 o 45 años, que encuentran mayores dificultades para reinsertarse laboralmente y todavía están lejos de la edad jubilatoria.

Así lo describió Agustín Báez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP), durante una charla con FM 89.3 Santa María de las Misiones. El dirigente explicó que el gremio mantiene el acompañamiento de los trabajadores tanto en sus necesidades básicas como en el seguimiento del expediente judicial, aunque reconoció que todavía no existe una perspectiva concreta sobre cuándo podrían cobrar los salarios y las indemnizaciones pendientes.

Báez reconoció que el impacto del cierre continúa presente incluso dentro de la organización sindical, donde todavía se refieren a los afectados como “los trabajadores de Linor. Parece que nunca terminamos de caer en la cuenta de que esa empresa cerró y que los trabajadores se quedaron sin empleo”. Esa relación se mantiene mediante la asistencia alimentaria y el acompañamiento a quienes no pudieron encontrar otra fuente de ingresos