La Justicia chaqueña investiga una serie de presuntas estafas contra jubilados, pensionados y adultos mayores mediante el uso de datos personales y validaciones biométricas. Hasta el momento, al menos 12 hechos fueron vinculados a una misma modalidad y el perjuicio económico investigado supera los 23 millones de pesos. 

La causa está a cargo del Equipo Fiscal Nº 13, encabezado por el fiscal Víctor Recio, junto al Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco. Como resultado de la investigación ya se realizaron tres allanamientos, un hombre permanece detenido y otros sospechosos son buscados.

La pesquisa comenzó a partir de una denuncia y de información proporcionada por el Nuevo Banco del Chaco sobre movimientos considerados sospechosos. Los datos fueron cruzados con expedientes y denuncias que hasta entonces se investigaban por separado en diferentes localidades de la provincia.

Cómo funcionaban las presuntas estafas

Según reconstruyeron los investigadores, los sospechosos se presentaban en los domicilios de las víctimas asegurando estar vinculados con una firma comercial.

Con distintos argumentos, como la supuesta devolución de dinero o la realización de trámites relacionados con planes de ahorro, obtenían información personal, fotografías de documentos de identidad y escaneos del rostro de los damnificados. 

Posteriormente, esos datos habrían sido utilizados para realizar validaciones biométricas y gestionar préstamos sin autorización de las víctimas.

Una vez acreditados los fondos, el dinero era transferido rápidamente hacia otras cuentas bancarias o billeteras virtuales. En algunos de los casos investigados, los damnificados también habrían sido acompañados para realizar extracciones de efectivo.

Hasta ahora, la Fiscalía logró relacionar al menos 12 episodios registrados tanto en Resistencia como en localidades del interior chaqueño. El monto total investigado supera los $23 millones, aunque desde la causa aclararon que la cifra todavía es provisoria. 

El seguimiento de las operaciones

Para reconstruir el recorrido del dinero, la Fiscalía solicitó informes a bancos, entidades financieras, empresas fintech, billeteras virtuales y compañías tecnológicas.

Por su parte, el Departamento Cibercrimen realizó análisis de información digital y de fuentes abiertas, cruces entre denuncias, relevamientos de líneas telefónicas y cámaras de seguridad, además de tareas de campo y vigilancia.

Las medidas permitieron identificar personas, domicilios, cuentas bancarias y vehículos presuntamente relacionados con las maniobras.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento, secuestro y aprehensión, que fueron autorizadas por el Juzgado de Transición y Garantías Nº 4, a cargo del juez Juan Carlos Codina.

Tres allanamientos y un detenido

Los primeros procedimientos se realizaron el 3 de septiembre en Resistencia y Fontana. Durante uno de los allanamientos fue detenido C.J.G., de 30 años. El hombre posteriormente prestó declaración como imputado y continúa privado de su libertad mientras avanza la investigación. 

En su domicilio, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Un sospechoso escapó por los techos

La búsqueda de los restantes investigados continuó durante los días siguientes. En la mañana del lunes 7 de septiembre, efectivos de Cibercrimen localizaron en inmediaciones de García Merou y Necochea, en Resistencia, a P.M.C., de 40 años, señalado como uno de los principales sospechosos de la causa.

Al advertir la presencia policial, el hombre escapó por los techos de viviendas vecinas y logró evitar su detención.

A partir de allí se desplegó un operativo para localizarlo, con recorridas, averiguaciones y procedimientos que continuaron durante toda la jornada y se extendieron hasta la madrugada de este martes.

En esas diligencias fue secuestrado un Peugeot 208 blanco que, según la investigación, habría sido utilizado en algunas de las maniobras. También fueron incorporados a la causa un teléfono iPhone, un reloj inteligente Huawei y la llave del vehículo.

La investigación continúa para localizar a los sospechosos que permanecen prófugos, determinar el grado de participación de cada uno, reconstruir el destino del dinero y analizar los dispositivos electrónicos secuestrados.

Los investigadores tampoco descartan que puedan aparecer nuevos damnificados a medida que avance el análisis de las operaciones detectadas.