Uno de los principales think tanks contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI fue recibido con loas por La Libertad Avanza y el PRO. La organización internacional Political Network for Values -Red Política por los Valores (PNFV)- organizó en alianza con funcionarios nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un encuentro con el objetivo manifiesto de promover la “familia tradicional” y rechazar la ESI y el aborto legal.

El objetivo a largo plazo es seguir organizando redes territoriales para eliminar derechos y desmantelar políticas públicas. Y el objetivo profundo es generar cambios en los consensos, en torno a temas como igualdad, justicia social y derechos que, en Argentina, a pesar de las acciones y narrativas del libertarismo, subsisten y siguen generando un apoyo bastante expandido, según encuestas recientes de la sociedad civil.

En esa línea debe leerse la noticia de los últimos días sobre la adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, una organización internacional antiderechos impulsada por Donald Trump, que busca generar incidencia en los organismos multilaterales para rechazar la legalización del aborto.

A principios de esta semana, el canciller Pablo Quirno y el embajador Peter Lamelas firmaron el documento mediante el cual Argentina adhiere a esta organización. Esto fue el lunes 10 de agosto. Pero el Gobierno recién publicó el anuncio tres días después, a partir de que la información trascendiera en la prensa estadounidense.

En junio, Estados Unidos pasó a ocupar la secretaría de la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, función que hasta entonces estaba en manos de Hungría. Aunque se trata de un instrumento no vinculante y su adhesión no supone que los miembros actúen en bloque en los ámbitos internacionales.

En julio, el think tank ultraconservador Political Network for Values (PNFV) organizó en Buenos Aires una serie de actividades que tuvieron al canciller como uno de sus principales invitados.

La jornada, denominada “Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia”, se realizó el 23 de julio con la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como sede principal y fue organizada por la PNFV en alianza con organizaciones vinculadas a la denominada “batalla cultural” libertaria.

El encuentro del 23 de julio se llamó “Libertad para el futuro: una agenda política por la libertad y la protección de la infancia”. Y estuvo rodeado de una semana con coloquios y capacitaciones para jóvenes, de la Fundación Faro, que dirige Agustín Laje, en el Círculo Militar y la Facultad de Derecho de la UBA.

El encuentro en la Legislatura, orientado a defender lo que sea que se entienda hoy como ‘familia tradicional’, fue impulsado por los legisladores oficialistas Nahuel Sotelo, Santiago Santurio, Joaquín Ojeda y Nicolás Mayoraz. También, funcionarios de Jorge Macri y legisladores provinciales. Estuvieron presentes la exvicepresidenta Gabriela Michetti y la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, el ministro de Desarrollo Humano de CABA, el pastor evangélico Gabriel Mraida, Cinthya Hotton.

Political Network for Values (PNFV) es una plataforma transnacional ultraconservadora creada por Jaime Mayor Oreja, exdiputado del Partido Popular de España. Entre 2022 y 2024, la PNFV fue liderada por el presidente de Chile, José Antonio Katz, quien dejó su lugar a actual directora, Lola Velarde, una referente ultraconservadora ligada a Vox.

En su origen, una fuente de financiamiento de la PNFV provenía de Viktor Orbán, ex presidente de Hungría. La PNFV ya tenía muchos contactos con Argentina y en los últimos años esas conexiones se hicieron más visibles a través de las acciones de la vicejefa del Gobierno de CABA Clara Muzzi. Desde la red PNFV dicen que no buscan incidir políticamente hacia el interior de los países, sino que “solo buscan generar condiciones para que sus valores se vuelvan hegemónicos”.

En el caso de Argentina, la intervención de la Red en alianza con LLA y el PRO tiene como principal blanco al aborto: harán todo lo posible para que la IVE deje de ser concebida como un derecho.

“Están todos los proyectos, hasta la máxima de dar vuelta la ley del aborto”, dijo después del encuentro Álvarez Rivero, senadora cordobesa cercana a Patricia Bullrich. La legisladora aseguró que existe una agenda para modificar políticas aprobadas durante las últimas dos décadas, pero que la derogación de la ley del aborto no depende solo del Congreso. “Para que esto se dé, se necesita que la sociedad lo trabaje y lo pida”, señaló.

Es decir, se necesitaría que la calle y la opinión pública acompañen una regresión de este tipo. Lo cual no parece fácil. Al menos por ahora, los consensos en torno a los derechos que los feminismos supieron instalar en Argentina, siguen en pie. De eso dan cuenta encuestas que vienen indagando los alcances y limitaciones de lo que el Gobierno llama batalla cultural. Por ejemplo Pulsar, el observatorio de opinión pública de la UBA, muestra que 7 de cada 10 argentinos siguen apoyando la existencia del matrimonio igualitario. Más de siete de cada diez personas consideran que aun falta trabajar en la igualdad de género. “En estos temas, la sociedad argentina se muestra culturalmente progresista y estable”, dice la encuesta.

En el estudio “Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina”, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), se ofrecen datos que desmontan la idea de que la sociedad argentina se volvió masivamente “antigénero”. El 23% cree que la violencia de género sigue siendo vista como el principal problema de las mujeres. Le siguen los abusos sexuales con otro 23%. Otros problemas son la violencia de género en la pareja —26%— y los abusos y la violencia sexual con un 31%.

El acceso a anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados reúne niveles de acuerdo superiores al 80%. Además, casi la mitad de las personas conoce a alguien que abortó. Cuando se consultó cuánto dinero debería invertir el Estado en asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, casi la mitad de la población (49%) respondió que debería invertir “mucho”. Estos números indicarían que sigue habiendo apoyos altos a políticas asociadas a derechos sexuales e igualdad.