Los abogados José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de Reset Republicano, presentaron este miércoles una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios y autoridades vinculados con el transporte, la seguridad vial, Vialidad Nacional y el Banco de la Nación Argentina.

La presentación solicita que se investigue la posible comisión del delito de estragos, previsto en el artículo 189 del Código Penal, a partir de lo que los denunciantes consideran una presunta subejecución de fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales.

Entre los funcionarios y autoridades mencionados en la denuncia figuran el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y el presidente del Banco de la Nación Argentina, Darío Wasserman.

La denuncia también alcanza a integrantes del directorio del Banco Nación —Henke, Balter, Guibert, Hempe, Lanari, Pérsico, Píparo, Truzzell y White— y al síndico Marcelo Bastante.

Fondos para el mantenimiento vial

Según sostiene Reset Republicano en su presentación, la situación estaría relacionada con la subejecución de fondos presupuestarios y fiduciarios destinados al mantenimiento del Sistema Vial Integrado (SisVial).

Los denunciantes también cuestionan el supuesto abandono de los relevamientos y de la producción de información destinada a realizar un seguimiento periódico del estado de los caminos. A esto suman la continuidad de la recaudación de la Tasa sobre el Gasoil, cuya afectación específica estaría vinculada al desarrollo de proyectos de infraestructura.

Para los abogados, estos elementos, considerados en conjunto, podrían haber generado condiciones de peligro para quienes circulan por las rutas nacionales.

“La subejecución de fondos presupuestarios y fiduciarios para el mantenimiento del ‘Sistema Vial Integrado’ (SisVial), el abandono de relevamientos y producción de información de seguimiento sobre el estado de los caminos, y la vigente recaudación de la Tasa sobre el Gasoil sin aplicación a su afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura, tienen entidad suficiente para generar peligro o causar la muerte de las personas que transitan la red caminera”, sostiene la presentación.

Una denuncia que vincula el deterioro vial con la siniestralidad

Uno de los principales argumentos de la presentación es que el presunto deterioro de las rutas no constituiría solamente un problema de infraestructura, sino que podría tener consecuencias directas sobre la seguridad de los conductores.

En ese sentido, los denunciantes plantean que el mal estado de las vías transitables habría contribuido al aumento de la siniestralidad vial y de las muertes producidas en accidentes de tránsito, una cuestión que ahora buscan que sea examinada por la Justicia.

La calificación de los hechos como un posible delito de estragos deberá ser analizada durante la investigación judicial, que deberá determinar si existieron conductas u omisiones penalmente relevantes, el destino y nivel de ejecución de los recursos asignados y, eventualmente, la existencia de una relación entre esas decisiones y los riesgos o daños denunciados.

Reclamo de intervención judicial

Desde Reset Republicano reclamaron una “rápida intervención” del Poder Judicial y sostuvieron que la situación podría configurar un caso de violación sistemática de los derechos humanos, en particular por los riesgos que enfrentarían las personas que utilizan diariamente la red vial nacional.

Los denunciantes también cuestionan la supuesta interrupción de información oficial que históricamente se habría producido sobre el estado de las rutas. Según su planteo, la discontinuidad de esos relevamientos habría dificultado conocer públicamente la evolución del deterioro de la infraestructura.

La presentación pone así el foco no solo en el nivel de inversión y ejecución de los recursos públicos, sino también en la disponibilidad de información sobre el estado de las rutas, un aspecto que, de acuerdo con los denunciantes, resulta fundamental para evaluar los riesgos existentes y determinar las responsabilidades correspondientes.