El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza en la implementación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (CIPSAL), una iniciativa destinada a monitorear y gestionar las licencias médicas de los trabajadores estatales. La medida, que alcanzaría a unos 150.000 empleados públicos, ya genera debate entre distintos sectores.

Según trascendió, el sistema sería adjudicado a la empresa SML Consultores Médicos, vinculada a Experta, y operaría a través de herramientas digitales como una aplicación, WhatsApp o una línea telefónica. A partir de la notificación de una enfermedad, el trabajador sería evaluado por profesionales designados por la firma, quienes determinarán el tipo de atención y la eventual derivación a centros médicos.

Desde el Gobierno provincial, el objetivo central de la iniciativa es reducir el ausentismo laboral, que actualmente ronda el 15%, con la meta de llevarlo al 10% en un plazo de dos años. En ese sentido, se busca optimizar los controles y generar un seguimiento más eficiente de las licencias.

Sin embargo, la propuesta despertó cuestionamientos en sectores sindicales y trabajadores, quienes advierten sobre posibles limitaciones en el acceso al médico de confianza y temen que el sistema priorice la reducción de licencias por sobre el cuidado de la salud.

Además, plantean que la problemática del ausentismo no puede abordarse de manera aislada sin considerar las condiciones laborales, como la sobrecarga horaria en algunos sectores —especialmente en la docencia— y los niveles salariales.

En este contexto, distintos gremios estatales analizan la situación y no descartan impulsar medidas para exigir mayor participación en la implementación del sistema, garantías de transparencia y el resguardo de los derechos de los trabajadores.

El debate continúa abierto mientras se esperan definiciones oficiales sobre la puesta en marcha del CIPSAL y su funcionamiento en la práctica.