La difusión de la graduación universitaria de un interno condenado por abuso sexual contra una menor generó una fuerte polémica en la provincia de La Rioja, tras un comunicado oficial del Servicio Penitenciario Provincial que celebró el logro académico.

Se trata de Walter Denis Pereyra Fincatti, quien obtuvo el título de licenciado en Psicopedagogía mientras cumple su condena. Antes de ser detenido, el hombre se desempeñaba como docente.

Desde el Servicio Penitenciario destacaron el hecho como un “hito inédito” en la provincia, al tratarse del primer egresado universitario en contexto de encierro. Según informaron, el interno aprobó su última materia en la Universidad Nacional de La Rioja con una calificación de 8.

“Este logro histórico, realizado en un contexto de privación de libertad, consolida el rol social de la Educación Superior Pública como herramienta de inclusión y transformación”, señalaron en el comunicado oficial. En la misma línea, la jefa del organismo, Analía Tello, remarcó el valor simbólico de la graduación dentro de las políticas de acceso a la educación en contextos de encierro.

Sin embargo, la publicación generó un inmediato rechazo en redes sociales y distintos ámbitos. Las críticas no se centraron en el derecho del condenado a estudiar —garantizado por la legislación argentina— sino en la decisión de visibilizar y celebrar públicamente su logro sin considerar la gravedad del delito cometido.

La presidenta del Colegio de Psicopedagogos de La Rioja, Sonia Galleguillo, fue contundente al respecto: aseguró que el egresado no podrá matricularse en la institución ni ejercer la profesión, en virtud de la normativa vigente que exige la presentación de antecedentes penales.

“Hubo un mal manejo de la información. Esto genera un impacto muy fuerte en las familias y en quienes defendemos los derechos de los niños”, expresó Galleguillo, cuestionando tanto la comunicación oficial como el rol de la institución educativa involucrada.

La controversia escaló rápidamente y, ante la gran cantidad de cuestionamientos, el Servicio Penitenciario decidió desactivar los comentarios en sus redes sociales.

El caso reabre el debate sobre los límites de la comunicación institucional, el enfoque de las políticas de reinserción social y el respeto hacia las víctimas en este tipo de situaciones.