La Justicia provincial dictó la prisión preventiva para dos efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), acusados de haber filtrado información reservada vinculada a una serie de allanamientos por microtráfico realizados en la ciudad de Avellaneda.

La medida fue dispuesta durante una audiencia imputativa presidida por el juez Martelossi, en el marco de una investigación encabezada por los fiscales Franco Carbone y Diego Vigo. A los agentes se les atribuyen los delitos de encubrimiento agravado, por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se inició tras los resultados obtenidos en 18 allanamientos simultáneos realizados el pasado 29 de mayo, que contaron con la participación de más de 100 efectivos. Sin embargo, el operativo arrojó resultados muy por debajo de lo esperado, ya que solo en dos domicilios se hallaron elementos incriminatorios.

El contexto se tornó aún más delicado debido a que durante ese procedimiento fallecieron dos empleados policiales, lo que profundizó la preocupación institucional y motivó una revisión exhaustiva de lo sucedido.

Las sospechas de una posible filtración de información comenzaron a tomar fuerza a partir de denuncias recibidas en el Centro Territorial de Denuncias y a través del sistema de emergencias 911.

Un dato clave surgió a partir del testimonio de una vicedirectora de una escuela primaria de Avellaneda. Según se expuso, una alumna asistió al establecimiento con estupefacientes y manifestó que se los habían entregado en su domicilio porque “iba a haber allanamientos”.

A partir de este hecho, los investigadores lograron identificar a una primera agente sospechosa mediante el análisis de redes sociales y, posteriormente, se realizaron pericias sobre teléfonos celulares durante el fin de semana. Las conversaciones obtenidas permitieron establecer vínculos con un segundo efectivo, identificado como Sena, quien fue detenido días después.

Además, los fiscales presentaron capturas de pantalla, registros de titularidad de líneas telefónicas y declaraciones testimoniales que, según indicaron, permitieron reconstruir el circuito de filtración de información.

Durante la audiencia, el fiscal Carbone calificó el caso como un “escándalo de gravedad institucional inusitada” y sostuvo que, tras la filtración, los acusados habrían intentado desviar la investigación e incluso inculpar a superiores y compañeros de la propia fuerza.

Con la prisión preventiva ya dictada, la investigación continuará avanzando para determinar el alcance de las filtraciones y establecer si existen más personas involucradas en la maniobra, que habría comprometido uno de los operativos contra el microtráfico más importantes de la región.