El 24 de marzo de 1976 quedó marcado a fuego en la historia argentina. Ese día, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón e instauraron una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1983. Medio siglo después, el recuerdo del Golpe de Estado en Argentina de 1976 no solo convoca a la memoria colectiva, sino que también interpela a las nuevas generaciones sobre los valores democráticos.

El régimen, autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, estuvo encabezado inicialmente por el General Jorge Rafael Videla, junto a otros líderes militares. Durante esos años, el país vivió una de las etapas más oscuras de su historia: persecución política, censura, exilio y un esquema sistemático de represión ilegal que dejó un saldo no solo de miles de desaparecidos, sino también la cobarde expropiación, en lo que se estima, de más de 500 niños. Centenares de ellos viven hoy sin conocer su IDENTIDAD.

En este contexto, surgieron movimientos emblemáticos como las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a marchar en plena dictadura exigiendo la aparición con vida de sus hijos. Hoy son ejemplo de lucha por derechos humanos en todo el mundo. Paradojalmente, el único lugar donde encuentran algún foco de resistencia es en su propia tierra, donde fue que la sangre se derramó.

Uno de los aspectos más dolorosos de este período fue la implementación de centros clandestinos de detención donde se practicaron torturas atroces y ejecuciones, más de 800 distribuidos en todo el país, según datos de la subsecretaria de derechos humanos de la nación(https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/sitiosdememoria/centrosclandestinos

 Organismos de derechos humanos estiman en 30.000 el número de personas desaparecidas, aunque la cifra continúa siendo un ridículo motivo de debate.

En 2006, el periodista Hugo Alconada Mon, publicaba en el diario “La Nación” una nota donde se mencionaba un documento diplomático desclasificado de Estados Unidos que mencionaba unos 22.000 desaparecidos durante la dictadura https://www.lanacion.com.ar/politica/el-ejercito-admitio-22000-crimenes-nid791532

 Ese documento era un cable de inteligencia de 1978, en el que un agente informaba -en base a datos recogidos por la propia dictadura- que hasta ese momento se contabilizaban aproximadamente 22.000 personas “muertas o desaparecidas”. Teniendo en cuenta que ese número surge de estimaciones del propio aparato represivo durante sus dos primeros años de operación como brazo ejecutor y que aún restaban cinco años de dictadura, resulta lógico inferir que la cantidad de crímenes fue considerablemente mayor.

Con el retorno de la democracia en 1983, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, se inició un proceso inédito en América Latina: el juzgamiento de las juntas militares responsables del terrorismo de Estado. El Juicio a las Juntas sentó un precedente internacional en materia de justicia y derechos humanos.

A lo largo de estas cinco décadas, la sociedad argentina ha construido una política sostenida de memoria, verdad y justicia. Sitios que funcionaron como centros clandestinos han sido transformados en espacios de memoria, mientras que las nuevas generaciones incorporan estos hechos en la educación y el debate público.

El aniversario número 50 no es solo una fecha conmemorativa: es también una oportunidad para reflexionar sobre los riesgos del autoritarismo, la importancia de las instituciones democráticas y el compromiso ciudadano. En un mundo donde los discursos de odio y la desinformación resurgen, la experiencia argentina se presenta como un recordatorio contundente de las consecuencias de quebrar el orden constitucional.

A medio siglo del golpe, Argentina reafirma un consenso básico: ¡¡¡NUNCA MÁS!!!

Autor: IGNACIO NUÑEZ AVENDAÑO -  Docente -  Abogado especialista en derecho Laboral -  Escribano.