Este lunes 2 de marzo empiezan las clases en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro y San Juan. Pero en las escuelas públicas, un paro docente nacional convocado por las confederaciones CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet afectará el inicio del ciclo lectivo. Todos los sindicatos docentes nacionales reclaman un aumento salarial que “permita recuperar el poder adquisitivo”, mientras el salario promedio se ubica en el nivel más bajo de los últimos 20 años.

El calendario oficial indicaba que el lunes debían volver a la escuela unos 8,5 millones de estudiantes en 15 provincias. A ellos se suman los alumnos de secundaria en algunas jurisdicciones –como CABA y Mendoza– donde la semana pasada comenzaron los alumnos de primaria y nivel inicial.

CTERA –la principal confederación docente a nivel nacional– anunció la medida de fuerza el pasado 20 de febrero. Luego se sumaron la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Sadop (docentes privados) y Amet (educación técnica), que pertenecen a la CGT.

En la provincia de Buenos Aires, la huelga coincidirá con el comienzo de clases y contará con la adhesión no solo de Suteba (el sindicato afiliado a CTERA) sino de todo el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que incluye también a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y a Udocba, Sadop y Amet. Los gremios rechazaron la última propuesta del gobierno bonaerense, que ofreció una actualización del 3% para febrero.

El paro afectará también a las jurisdicciones donde ya empezaron las clases. En CABA, tanto UTE como Ademys confirmaron su adhesión a la medida.

El reclamo de los gremios incluye, como parte de la recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que representaba entre un 8% y un 15% de los sueldos –según la provincia– y fue eliminado hace dos años por el gobierno del presidente Javier Milei. Las confederaciones docentes también coinciden en el rechazo al proyecto de ley de “libertad educativa” anunciado por el Gobierno. “Detonará el sistema educativo argentino”, dijeron en un comunicado conjunto Sergio Romero (UDA) y Fabián Felman (CEA).

Además, los sindicatos piden recuperar los fondos que la Nación aportaba a la educación obligatoria, en un contexto en que el Gobierno nacional redujo un 47,7% la inversión educativa entre 2023 y 2025. Desde CTERA denuncian que el ajuste en educación en estos dos años fue mayor que el promedio del ajuste fiscal en toda la administración nacional, estimado en 28,8%. Según un análisis del Presupuesto 2026 elaborado por Argentinos por la Educación, este año el Gobierno invertirá el 0,75% del PBI en educación, por debajo de 2024 (0,88%).

El esfuerzo presupuestario del Estado nacional se redujo a la mitad en diez años: en 2016 el presupuesto educativo nacional fue del 1,52% del PBI. A nivel nacional ya no hay metas de financiamiento para la educación, dado que la Ley de Presupuesto 2026 derogó el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establecía un piso de inversión del 6% del PBI entre la Nación y las provincias. En los últimos 20 años ese objetivo solo se cumplió en 2015.

Actualmente el sistema educativo es financiado en un 75% por las provincias y en un 25% por la Nación. La reducción del financiamiento nacional fue mayor en la educación obligatoria (nivel inicial, primaria y secundaria) que en el sistema universitario: entre 2023 y 2025, los fondos nacionales para la educación obligatoria cayeron un 76,5% y la inversión en infraestructura educativa se redujo 58,5%, mientras que el presupuesto para las universidades cayó 29,4%.

Otro punto que reclamaban los sindicatos era la convocatoria a la paritaria nacional docente. El pasado miércoles 25 el Ministerio de Capital Humano anunció la cita para este lunes a las 12 del mediodía. Al hacerlo, acató la decisión judicial que en julio del año pasado había suspendido el decreto 341/2025, emitido en mayo, por el cual el Gobierno nacional había intentado colocarse al margen de la negociación del salario mínimo docente y dejarla en manos de las provincias a través del Consejo Federal de Educación.

En un comunicado, desde el Ministerio de Capital Humano dijeron que ese decreto buscaba “otorgar mayor libertad a las provincias”, si bien también le reservaba a la Secretaría de Educación el poder para vetar los acuerdos entre gremios y ministerios provinciales. La última paritaria nacional se había reunido en febrero de 2025: desde entonces, el salario mínimo docente –el “piso” que puede cobrar un maestro de jornada simple sin antigüedad en Argentina– es de 500.000 pesos. Hoy ninguna provincia se ubica por debajo de ese monto.

Si bien en 2024 se aceleró la caída, el deterioro salarial viene desde antes: los salarios docentes se encuentran en el nivel más bajo de los últimos 20 años. Según un análisis del economista especializado Alejandro Morduchowicz, el salario docente promedio –tomando como referencia el cargo de un maestro de grado de jornada simple con 10 años de antigüedad– está por debajo del nivel de 2005, cuando la crisis salarial motivó la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075).