El juez de Cámara de Rosario, Gustavo Salvador, resolvió otorgar la libertad bajo fianza a los cuatro exdirectivos de Vicentin que permanecían detenidos desde marzo, cuando fueron arrestados en el marco de la causa que investiga el vaciamiento y las estafas millonarias contra la histórica agroexportadora santafesina.

La medida alcanza a Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, imputados por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos. Los cuatro quedaron en libertad bajo condiciones restrictivas, tras abonar una caución de u$s1 millón cada uno.

La decisión fue adoptada tras una audiencia de revisión solicitada por la defensa técnica, que cuestionó los fundamentos de la prisión preventiva por 120 días dispuesta en primera instancia por el juez penal Nicolás Foppiani. El abogado Jorge Ilharrascondo denunció supuestas irregularidades en la obtención de pruebas y sostuvo que varias estaban “viciadas de nulidad” o eran “interpretaciones forzadas” para justificar la detención.

Pruebas cuestionadas y libertades condicionadas

En su fallo, el juez Salvador hizo lugar a esos cuestionamientos y consideró que la posible violación de garantías constitucionales en la obtención de ciertas pruebas afectaba su aprovechabilidad procesal, por lo que no correspondía sostener la prisión preventiva sin una condena firme. No obstante, las imputaciones penales siguen vigentes.

La investigación penal apunta a un presunto vaciamiento de Vicentin entre 2019 y 2024, cuando los exdirectivos habrían desviado más de $6.000 millones, incluyendo retiros personales por $2.000 millones y el uso de fondos de la empresa para cubrir una fianza judicial de $40 millones. Todo ocurrió mientras la compañía enfrentaba una cesación de pagos con deudas por u$s1.300 millones, afectando a más de 1.700 acreedores.

La Fiscalía aún no definió si apelará el fallo de la Cámara. La causa sigue siendo una de las más relevantes del fuero penal económico del país, con 19 exdirectivos imputados y un concurso de acreedores en curso que permanece sin resolución definitiva.

Crisis operativa

Mientras avanza la causa penal, la empresa busca sostener sus operaciones mediante contratos de procesamiento a fasón. Sin embargo, los interventores judiciales designados por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, alertaron sobre una crisis estructural que tiene a la empresa prácticamente al borde del abismo. Además, pidieron revisar todas las sociedades del grupo y avanzar con medidas de ajuste, como el cierre de filiales en el exterior y una reorganización del personal.

Por el momento, el futuro de la empresa agroindustrial sigue abierto, pero lo cierto es que suena cada vez con más fuerza que la justicia aprobaría la venta de activos en el corto plazo.

Fuente: Ámbito