El conflicto se origina en la decisión del Poder Ejecutivo de no designar a un presidente para el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), lo que paralizó las funciones clave del organismo, entre ellas la fijación semestral de precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, tal como establece la Ley 25.564.

  La denuncia fue presentada por cinco pequeños productores yerbateros de Misiones —Hugo Sand, Iván Ener Sand, Jorge Skripczuk, Salvador Torres y Leonardo Gerber— ante el Juzgado Federal de Oberá. Según argumentan, la falta de designación impide el normal funcionamiento del INYM, lo que perjudica directamente a la producción y comercialización de uno de los cultivos más importantes del noreste argentino.

   Desde diciembre de 2023, el INYM se encuentra acéfalo. Aunque el entonces secretario de Agricultura, Fernando Vilella, anunció en febrero de este año que el agrónomo Daniel Notta sería nombrado como titular del organismo, la designación nunca se concretó. Vilella fue luego desplazado por el secretario coordinador Juan Pazo, quien impuso a Sergio Iraeta como nuevo titular de Agricultura, sin retomar la propuesta de nombramiento.

   Esta omisión, considerada "artera" por sectores de la producción, derivó en la interrupción de las reuniones de toda la cadena yerbatera, dejando sin precios de referencia a miles de pequeños productores. En consecuencia, los valores pagados por kilo de hoja verde se desplomaron: hoy oscilan entre los 200 y 305 pesos, muy por debajo del umbral de rentabilidad, estimado por el INTA en 430 pesos.

   El expediente judicial, caratulado como "Milei, Javier Gerardo s/ incidente de competencia" (FPO 1207/2025/CA1), atravesó una disputa entre jurisdicciones. El Juzgado Federal de Oberá se declaró incompetente, argumentando que el supuesto delito se cometió en la sede del Poder Ejecutivo Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires.

   El Juzgado Federal 2 de CABA inicialmente rechazó la competencia, aduciendo que el perjuicio se materializó en Misiones. La Cámara Federal de Posadas resolvió finalmente el conflicto, avalando que la causa continúe en Comodoro Py.

   "El extremo del asentamiento funcional del ejercicio de la función pública del denunciado resulta determinante", sostuvo el juez Mario Osvaldo Boldú en su fallo, acompañado por la secretaria María Marlene Raiczakowsky. El tribunal invocó la teoría de la ubicuidad, según la cual un delito puede considerarse cometido tanto en el lugar donde se ejecuta la acción como donde se produce el resultado.

   Con esta resolución, la causa por presunto abuso de autoridad (art. 248) y omisión de deberes de funcionario público (art. 249) sigue adelante en la Justicia federal porteña. Resta ahora que el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 defina si da curso formal a la investigación y si convoca al Presidente a declarar por las acusaciones.

   Mientras tanto, el mercado yerbatero continúa operando sin la regulación histórica del INYM, con consecuencias graves para una economía regional que sostiene a más de 15.000 pequeños productores y trabajadores rurales.