El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a ocho personas oriundas de Tacuarendí, Villa Ocampo, Florencia, Las Toscas, Resistencia y otras localidades del norte santafesino, por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. La causa incluyó una investigación de más de dos años, múltiples allanamientos y la actuación de varios organismos de seguridad.

El proceso judicial se inició el 5 de abril de 2021, a partir de una denuncia impulsada por la Fiscalía Federal de Reconquista, a cargo del fiscal Roberto Salum, con colaboración de la Agencia de Investigación Criminal. El punto más visible de la investigación ocurrió el 16 de septiembre de 2023, con 16 allanamientos simultáneos en distintas localidades, en los que se detuvo inicialmente a 12 personas, muchos de ellos familiares entre sí.

Entre los condenados, figuran:

• Fabián Bernardo Robledo, Fabián Ezequiel Robledo, Alberto Sebastián Duarte y Darío Sosa, quienes recibieron 4 años de prisión por tráfico de estupefacientes. En el caso de Sosa —que ya cumplía condena— la pena fue unificada en 5 años y 5 meses.

• Silvia Graciela Blanco, Gisel Natalí Alegre, Alejandra Aylén Alegre y Ana Laura Robledo fueron sentenciadas a 2 años de prisión; en el caso de Ana Laura Robledo, la pena fue de ejecución condicional, con cumplimiento de reglas de conducta por dos años.

Una organización estructurada

Según detallaron las autoridades, se trataba de una organización narcocriminal en la que cada miembro tenía una función asignada. Darío Sosa, por ejemplo, continuaba comercializando drogas desde la cárcel, donde ya cumplía una condena previa. En la causa se los acusó por infracción a la Ley Nacional 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacientes.

La sentencia se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, firmado por la fiscal federal coadyuvante Jimena Caula, defensores públicos y particulares, y homologado por el juez federal Homero Lauría. En ese contexto, se dispuso la excarcelación de Silvia Blanco, Gisel Alegre y Alejandra Alegre.

Esta causa constituye un fuerte golpe a las redes de microtráfico que operaban en la región y pone en evidencia cómo, incluso desde contextos de encierro, se continuaba con la actividad delictiva.