Pablo Andrés Miranda -abogado de
26 años de edad- fue condenado a la pena de 3 años de prisión de
cumplimiento efectivo por ser uno de los organizadores de una asociación
ilícita que cometía estafas a través de simular accidentes de tránsito
para luego reclamarle reparaciones económicas a las compañías de seguro. Además
deberá pagar una multa de 600.000 pesos al Ministerio Público de la Defensa y 300.000
pesos a una compañía de seguros que fue víctima de los delitos. También se le
decomisó definitivamente su celular.
CALIFICACIÓN LEGAL DEL DELITO
La calificación penal es asociación
ilícita (en calidad de organizador); coautor de estafas (seis hechos), coautor
de tentativa de estafas (seis hechos) y coautor de cohecho activo.
La condena fue en el marco de
un procedimiento abreviado que evitó el juicio, ya que el abogado colaboró
aportando información precisa, comprobable y verosímil para el esclarecimiento
de los hechos, reportó el MPA.
El juez Rodolfo Mingarini convalidó el acuerdo
alcanzado entre el condenado, su defensa y las fiscales Mariela Jiménez y María
Laura Urquiza.
MODALIDAD DELICTIVA
"El condenado fue uno de
los organizadores de una asociación ilícita de carácter permanente y estable a
través de la cual denunciaban accidentes de tránsito simulados para luego
reclamar reparaciones económicas ante compañías de seguro”,
precisaron las fiscales Jiménez y Urquiza. “De acuerdo a la información
relevada en la investigación, el accionar delictivo fue cometido entre junio y
octubre del año pasado”, agregaron.
Las fiscales explicaron que “los
organizadores de la banda delictiva buscaban personas lesionadas y las
presentaban como si esas lesiones hubieran sido provocadas en un accidente de
tránsito”. En tal sentido, precisaron que “al mismo tiempo, buscaban a
otra persona que fuera titular, poseedor y/o conductor de un vehículo asegurado
en alguna compañía de seguros, a quien presentaban como el responsable de la
colisión”.
"Una vez que tenían a la
presunta víctima y al presunto autor de las lesiones, realizaban y/o hacían
realizar denuncias penales ante comisarías, destacamentos o en los Centros
Territoriales de Denuncias (CTD)”, señalaron las funcionarias
del MPA. “Brindaban información falsa acerca del lugar, la fecha y la modalidad
del hecho que denunciaban, acerca de las personas intervinientes, de las
lesiones ocasionadas y de los daños materiales sufridos por los vehículos
involucrados en las presuntas colisiones”.
Agregaron que “a través de
estos ardides hacían caer en error a funcionarios públicos provinciales, que
extendían certificaciones, constancias o documentos que luego eran utilizados
en presentaciones que hacían ante las compañías de seguro para reclamar dinero
en carácter de reparación para los presuntos lesionados”.
COLABORADOR
Las fiscales del MPA aclararon
que “al momento de definir la pena impuesta al abogado condenado, se aplicó
el instituto legal de “colaborador”, previsto en el artículo 41 ter del Código
Penal y en la resolución número 175 de la Fiscalía General”. Y añadieron
que “Miranda aportó información precisa, comprobable y verosímil para el
esclarecimiento de los hechos que fueron objeto de la investigación, motivo por
el cual se resolvió una pena de tres años de prisión de ejecución efectiva”.
OTROS INVESTIGADOS
Otros 2 profesionales del
Derecho también fueron imputados y están en prisión preventiva en el marco de
esta investigación. Se trata de JMAA de 28 años y GJM de 35.
Por su parte, un empleado
de un hospital público de la ciudad de Santa Fe también fue imputado. Se
trata de un hombre de 42 años cuyas iniciales son CDP, quien cumple prisión
preventiva con modalidad domiciliaria a raíz de problemas de salud.
Además de los tres abogados y
del empleado del hospital público, hay otras nueve personas que fueron
imputadas y transitan el proceso en libertad. Por su parte, uno de estos
imputados es policía de la provincia de Santa Fe, y también se le endilgó la
autoría del delito de cohecho pasivo.
CONFORMIDAD
Las fiscales subrayaron que “el
condenado reconoció su responsabilidad penal en los hechos” y sostuvieron que
“la compañía de seguro que fue víctima de las estafas fue informada de los
términos del procedimiento abreviado”. En tal sentido, concluyeron que “los
representantes legales de la empresa manifestaron su conformidad con la pena
impuesta, la reparación económica resuelta y la forma de resolución del
conflicto”.
FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN,
MPA.