Un corredor inmobiliario de 45 años identificado como Agustín Mariano Storni fue condenado por haber integrado una asociación ilícita destinada a cometer estafas vinculadas a la venta de terrenos en la ciudad de Santa Fe y alrededores.

Según lo resuelto, Storni deberá cumplir una pena a tres años de prisión de ejecución efectiva y no podrá ejercer su profesión por 10 años. Además, tendrá que hacer una reparación económica de 6.900.000 pesos que se repartirán entre 12 víctimas, así como donar 100.000 pesos a una entidad de bien público.

La sentencia fue ordenada por el juez Nicolás Falkenberg , en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló esta mañana en los tribunales de la capital provincial.

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La fiscal que está a cargo de la investigación y representó al MPA en la audiencia es Bárbara Ilera. En tal sentido, destacó que “los querellantes expresaron que están de acuerdo con lo dispuesto”, y remarcó que “la inhabilitación profesional impuesta a Storni fue especialmente valorada por las víctimas”.

La funcionaria del MPA recordó que “a fines del año pasado, ya habían sido condenados otros dos miembros de la asociación ilícita, Emiliano Lihuel Chacón y Diego Marcelo Parisse”, y explicó que “el legajo continúa abierto en relación a otras cuatro personas imputadas que están en prisión preventiva”. Al respecto, mencionó que “entre ellas hay dos abogados a los que se les atribuyó haber tenido el rol de organizadores, uno de los cuáles es hermano de Storni”.

Terrenos ajenos

Ilera afirmó que “el corredor inmobiliario que fue condenado integró una asociación ilícita permanente, estable y organizada entre 2014 y el año pasado”, y aclaró que “en ese período, el grupo tuvo diferentes conformaciones pero mantuvo el modus operandi”. Especificó que “las personas involucradas realizaban maniobras para darle apariencia legal a la venta de terrenos ajenos que no estaban autorizadas a ofertar, publicitar ni transferir”.

La representante del MPA afirmó que “Storni, Chacón, Parisse y los cuatro imputados engañaron a numerosas personas interesadas en adquirir lotes ubicados en las ciudades de Santa Fe –tanto en la zona urbana como en Colastiné Norte–, Santo Tomé y Sauce Viejo, y en la comuna de Arroyo Leyes”.

“Los integrantes de la asociación ilícita falsificaban boletos de compraventa y cesiones de derechos e insertaban declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes”, sostuvo la fiscal. “Incluso contaban con formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales", apuntó. “Para captar clientes y darle verosimilitud a los negocios ilícitos, utilizaron una agencia inmobiliaria provista por Storni”, destacó.

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Asimismo, puntualizó que “las víctimas eran convocadas a domicilios de la capital provincial en los que los integrantes de las asociaciones ilícitas tenían sedes comerciales: Seguí al 1.700; 4 de Enero al 1.000; boulevard Pellegrini al 2.800; Juan de Garay al 2.900; 9 de Julio al 1.200; Hipólito Irigoyen al 2.900, y una torre ubicada en la zona del Dique 2 del puerto”.

“Una vez que los interesados accedían a comprar un terreno, los abogados imputados presentaban la documentación falsificada en los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe, con el fin de iniciar juicios ordinarios o de escrituración”, relató Ilera. “Así, lograron defraudar a diferentes magistrados que emitieron sentencias que revistieron de legalidad los hechos delictivos”, subrayó.

La representante del MPA detalló que “si bien Storni participó de 10 estafas, se estima que la asociación ilícita cometió más de 100”. En relación a ello, resaltó que “las víctimas entregaron dinero en moneda nacional y extranjera, así como automóviles, camionetas y motocicletas, como parte de pago de lotes que finalmente no obtuvieron”.

Storni reconoció su responsabilidad penal como miembro de una asociación ilícita; coautor y partícipe principal de estafa; coautor de estafa procesal –tanto consumada como en grado de tentativa–; coautor de falsificación de documento privado, así como de falsificación de sellos oficiales y timbrados.

En la audiencia, el condenado y su abogado defensor aceptaron la calificación penal de los hechos propuesta por la Fiscalía, la pena impuesta y la modalidad elegida para desarrollar el juicio.