Tras el fallo que ordenó al Gobierno a restituir 170 mil pensiones por invalidez, el ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció hoy que algunas “estuvieron mal recortadas”, pero aclaró que hay que hacer “un trabajo muy fino” para distinguirlas de otras a las que consideró como “abusos”.

“Algunas de las pensiones estuvieron aparentemente mal recortadas, pero otras eran abusos. El desafío es distinguirlas con un trabajo muy fino. Si apelamos o no, lo decidirán los abogados del área”, explicó al respecto el funcionario nacional en declaraciones radiales.

LA CÁMARA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL RECHAZÓ LA APELACIÓN INTERPUESTA POR EL GOBIERNO MACRISTA.

Este lunes, la Sala II de la Cámara Nacional de la Seguridad Social resolvió rechazar la apelación interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Social contra una medida cautelar que ordenaba restablecer las cerca de 170 mil pensiones por  invalidez que habían sido eliminadas en marzo pasado. Hasta el momento se devolvieron apenas 10 mil prestaciones aproximadamente, por lo que quedan en discusión las 160 mil  restantes.

Garavano resaltó que acatar la medida de la Justicia o apelar la decisión “es algo que tiene que evaluar” la cartera que conduce Carolina Stanley y que él no tiene “intervención  directa”. “Supongo que evaluarán en cuántos casos correspondían y en cuántos no correspondían y a partir de eso tomarán una decisión”, precisó.

En la sentencia de la Cámara Nacional, los jueces Nora Carmen  Dorado y Luis René Herrero aseguraron que por tratarse de ‘derechos alimentarios e irrenunciables‘ de las personas con  discapacidad, ese beneficio debía ser restituido. La medida incluye a todos los afectados a nivel nacional cuyas  prestaciones hayan sido ‘dadas de baja o suspendidas, sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido  proceso‘.

Los jueces consideraron que la suspensión de las pensiones ‘vulnera derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana‘.  Guillermo Badino, el extitular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), había afirmado en su momento que una persona con cierto grado de discapacidad, como alguien con síndrome de down, “puede trabajar si lo desea o quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo”.