Prepagas deberán solicitar autorización al gobierno nacional antes de aplicar subas en sus cuotas, resolvió la Corte Suprema de la Nación, al declarar inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 que suprimió el control estatal, y asignó a la Superintendencia de Servicios de Salud la fiscalización de los incrementos.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones del decreto que quitaron las potestades de intervención del Estado sobre la medicina prepaga. Los jueces sostuvieron que el Poder Ejecutivo no ofreció argumentos mínimos que justificaran la supresión de los controles en el marco de la emergencia invocada.
“No basta con invocar una emergencia genérica”, advirtieron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, jueces de la Corte Suprema, y añadieron que los considerandos del DNU no demostraron una relación concreta entre la crisis alegada y la necesidad de eliminar facultades de fiscalización.
Cómo impacta la medida en las empresas y los afiliados
La resolución obliga a las empresas de medicina prepaga a tramitar ante la autoridad estatal cualquier modificación tarifaria antes de aplicarla, y devuelve a la Superintendencia la potestad de examinar que los aumentos estén fundados en variaciones de costos y en cálculos actuariales razonables.
La resolución tendrá efecto directo sobre cerca de 500 causas análogas que están pendientes, y podría influir en otros reclamos de afiliados que hubieran pagado aumentos aplicados tras la vigencia del DNU.
Así, en lo práctico, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus funciones de control para revisar, fiscalizar y autorizar incrementos, y cada solicitud presentada por las empresas será evaluada en función de la normativa que regula los criterios de razonabilidad y cálculo de riesgos.



