Arana explicó que como querellante representa a la señora Fernández, madre de Rocío, una de  las víctimas, y a María de Jesús Granda, mamá de los sobrinos de la mujer. A partir de esta incorporación, el equipo jurídico buscará acompañar el trabajo de la Fiscalía y participar en el desarrollo de la investigación.

Además, aseguró que "de acuerdo con las pruebas" que pudo examinar hasta el momento, no existen dudas respecto de la autoría ni de la existencia de los hechos. Sin embargo, aclaró que "todavía resta avanzar en el análisis de determinados aspectos que podrían generar controversias durante el proceso". "Nosotros queremos que en relación a la autoría no hay dudas", pero uno de los puntos que podría ser objeto de discusión es la eventual responsabilidad penal del imputado.

En ese sentido, consideró que los elementos observados en el expediente permiten sostener, en principio, que "el acusado habría actuado de manera consciente, comprendiendo la criminalidad de sus actos y dirigiendo sus acciones", tal como lo había adelantado NORTE de fuentes tribunalicias.

Al referirse como está avanzando la investigación, el abogado dijo "insistimos en la necesidad de mantener la prudencia respecto de los elementos que todavía se encuentran bajo análisis judicial". En ese marco, señaló que la representación de las familias trabajará en conjunto con el equipo fiscal y evitará adelantar criterios sobre medidas pendientes. "Es necesario preservar el trabajo de los investigadores y aguardar los resultados de las medidas dispuestas, tenemos que ser respetuosos también del trabajo de la Fiscalía y no adelantar criterios ni pruebas", agregó.

Para finalizar, sostuvo respecto de la calificación legal provisoria, que la imputación contempla homicidios agravados por el vínculo, por razones de género y por alevosía, además del delito de incendio en concurso real.

El querellante aclaró que se trata de una calificación inicial, que podría modificarse o agravarse a medida que se incorporen nuevos elementos probatorios.