El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó, este viernes, que la causa contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deje de investigarse por presunto enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Penal Económica, ante la posibilidad de que haya cometido delitos tributarios, de acuerdo a Noticias Argentinas. La decisión se fundamenta en que, según asegura, no pudo demostrarse que el patrimonio cuestionado se hubiera originado durante su desempeño como funcionario público.

El dictamen deberá ser evaluado por el juez federal Ariel Lijo, quien tendrá que resolver si acepta el cambio de competencia. El planteo no implica el sobreseimiento de Adorni, ya que la Fiscalía considera que todavía existen elementos para investigar una posible evasión impositiva.

Pollicita concluyó que, aunque las explicaciones del exfuncionario no pudieron comprobarse completamente, tampoco existen elementos suficientes para descartarlas, según señaló Infobae. Además, los registros oficiales mostraron que el matrimonio había percibido ingresos que hacían económicamente posible la inversión declarada.

El fiscal consideró determinante que el presunto incremento patrimonial pudiera haberse producido antes de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó al Gobierno, lo que impide sostener la acusación por enriquecimiento ilícito con las pruebas disponibles.

No obstante, la Fiscalía advirtió posibles irregularidades en la declaración de ingresos, tenencias de dólares y operaciones con criptomonedas, que podrían configurar delitos de evasión tributaria. Por eso, pidió investigar si existieron omisiones en el pago de Ganancias, Bienes Personales u otros impuestos nacionales.

También solicitó examinar las operaciones de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo y del contratista Matías Tabar, además de remitir antecedentes al Colegio de Escribanos porteño para evaluar la actuación de Adriana Nechevenko en las transacciones inmobiliarias investigadas.

La investigación había detectado gastos por más de 402.000 dólares, de los cuales unos 374.000 fueron abonados en efectivo, además de una diferencia de aproximadamente 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados y las erogaciones del matrimonio integrado por Adorni y Bettina Angeletti.

Entre las operaciones examinadas figuraron la adquisición y remodelación de una casa en el country Indio Cuá, la compra de un departamento en Caballito, viajes y otros gastos familiares.

Para justificar el origen de los fondos, Adorni sostuvo que había realizado inversiones en Bitcoin entre 2014 y 2018, con desembolsos cercanos a los 200.000 dólares, que luego olvidó que tenía y que recuperó cuando se acordó que estaban guardadas en un pen drive, al cual accedió poco antes de ingresar al Gobierno, y que posteriormente le permitieron obtener unos 591.500 dólares. Según su versión, ese dinero permaneció guardado en efectivo.

Las pericias confirmaron que la defensa de Adorni controla actualmente las ocho billeteras virtuales con bitcoin presentadas y que estas registraron movimientos durante el período señalado. Sin embargo, no permitieron establecer quién las administraba originalmente ni reconstruir todas las operaciones.