El cierre de la planta de Electrolux en Rosario quedó formalizado tras un acuerdo entre la multinacional y los trabajadores que continuaban en el establecimiento. El entendimiento se alcanzó el lunes, un día antes del vencimiento de la conciliación obligatoria, y establece el pago de indemnizaciones para los 200 empleados que permanecían en la fábrica.

Según lo acordado, los trabajadores cobrarán las indemnizaciones calculadas de acuerdo con la legislación laboral anterior, más un monto equivalente a cinco salarios adicionales.

La decisión marca el final de una etapa de sucesivos recortes en la actividad industrial de la planta. Los freezers eran el último producto que se fabricaba en el establecimiento. La empresa continuará operando comercialmente en Argentina, pero abastecerá el mercado con productos importados.

“No nos resignamos y seguimos pidiendo la reapertura de la empresa”, afirmó Antonio Donello, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario. El dirigente gremial volvió a cuestionar la postura empresarial y reclamó que “se termine” con la política de importaciones y que se apueste a la producción local.

El cierre representa otro golpe para la industria de línea blanca, que tiene en Rosario uno de sus principales polos productivos. El panorama se inscribe en un contexto de fuerte retracción de la actividad metalúrgica: según el último informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), el sector trabajaba al 40,2% de su capacidad instalada.

Nación Servicios: conciliación obligatoria tras 21 despidos

Por otra parte, la Asociación Bancaria y trabajadores de Nación Servicios se movilizaron el lunes frente a la entidad para rechazar 21 despidos recientes.

Tras la protesta y una audiencia realizada al mediodía en el Ministerio de Trabajo, se dictó la conciliación obligatoria, que abre una instancia para intentar resolver el conflicto.

La Bancaria instó a la empresa a aprovechar ese período para “asumir su responsabilidad y buscar una solución favorable para los trabajadores que permita revertir los despidos y preservar cada puesto de trabajo”.

La medida obliga a las partes a retrotraer la situación en los términos establecidos por la conciliación mientras se desarrollan las negociaciones.

Se profundiza el conflicto por la obra social de las Fuerzas Armadas

En paralelo, continúa el conflicto por las prestaciones de la obra social de las Fuerzas Armadas, en medio de denuncias por dificultades de atención y el riesgo de cierre de farmacias y delegaciones.

Uno de los casos que expone las consecuencias de la crisis es el de Carlos Hugo Martínez, suboficial retirado y afiliado desde 1971, cuya esposa tiene cáncer y permanece sin tratamiento desde abril. Ante la falta de respuestas, Martínez anunció que volverá a encadenarse frente a la sede de la obra social.

“Se me descuenta la cuota, como corresponde, rigurosamente todos los meses, o sea no le debo nada a la obra social”, expresó.

ATE Rosario acompaña el reclamo y denunció un deterioro de la institución que atribuye a las políticas del gobierno de Javier Milei. En septiembre, durante las protestas por la situación del organismo, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, sostuvo que la obra social había pasado de registrar un superávit de 25.000 millones de pesos al inicio de la gestión del entonces ministro Luis Petri a acumular una deuda que, según estimó, supera los 500.000 millones.

Las movilizaciones derivaron en la renuncia del responsable de la obra social. Sin embargo, el conflicto continúa y, en Rosario, la institución no cuenta con efectores propios, una situación que agrava las dificultades de los afiliados para acceder a las prestaciones.