El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró este martes la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. "Ordenar al Poder ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin", indicó el juez federal Martín Cormick en su fallo.

De esta manera, el Poder Judicial hizo lugar al amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que solicitaba el cumplimiento de la Ley sancionada dos veces por el Congreso y que el Gobierno de Milei promulgó a medias.

"¡Fallo Histórico! La Justicia le dio la razón a las Universidades y declaró Inconstitucional el freno al Financiamiento Universitario", celebró el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba).

Para buena parte de la comunidad educativa universitaria, el Gobierno había intentado una "trampa legal" con la que congeló las partidas universitarias previstas en la ley.

Por qué el Gobierno tiene frenada la ley

Según Casa Rosada, esa normativa promulgada por dos tercios del Congreso en octubre del 2025 no explicaba cómo iban a financiarse los nuevos gastos presupuestarios. Por eso Milei decretó que hasta que no se definiera no darían esos aumentos. "El Ejecutivo no puede suspender de hecho la aplicación de una ley que ya fue votada y reafirmada por 2/3 de ambas cámaras del Congreso. La Constitución Nacional exige su cumplimiento inmediato", agregó Feduba en su comunicado.

La norma establece mecanismos para actualizar el presupuesto universitario de acuerdo con la inflación, junto con la recomposición de los salarios docentes y no docentes, las becas y recursos destinados a la investigación.

"El falló ratifica que el equilibrio fiscal no puede lograrse pasando por encima de la Constitución, la autonomía universitaria y los salarios de docentes e investigadores", agregó Feduba.

La decisión judicial se conoce una semana antes de una nueva marcha federal universitaria con la que la comunidad educativa volverá mostrar su rechazo en todo el país al Gobierno mileísta. La movilización está prevista para el próximo jueves 15 de octubre, con su epicentro frente al Congreso nacional pero con réplicas en todas las provincias.