La Policía de Investigaciones (PDI) efectuó una serie de allanamientos y requisas en distintos inmuebles de la ciudad de Malabrigo, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con intervención de la Fiscalía de San Justo, a cargo de la Dra. Daniela Montegrosso.
Durante los operativos se secuestraron 648 plantas de marihuana, 336 gajos y aproximadamente 3,355 kilos de flores de cannabis distribuidas en bolsas, además de otros frascos y envoltorios con marihuana, aceites y ungüentos de cannabis.
También fueron incautadas balanzas, picadores, elementos para cultivo y fraccionamiento, documentación vinculada al REPROCANN, tres teléfonos celulares, un DVR y otros elementos de interés para la causa. En los procedimientos, además, se secuestraron 4.886.000 pesos, 1.656 dólares y 9.000 guaraníes.
La investigación había comenzado el viernes 2 de octubre de 2026, cuando un joven identificado como Sebastián Y. Cian, 28, fue interceptado mientras circulaba en un automóvil por la Ruta Nacional N° 11, a la altura del ex peaje de Videla. Al revisar el vehículo, los agentes constataron que llevaba en el baúl una valija con bolsas que contenían flores de cannabis. Por disposición judicial, quedó detenido.
A partir de las tareas investigativas realizadas posteriormente, la PDI estableció que Cian integraría como secretario la Asociación Civil "CANNABRIGO". Esto motivó los procedimientos en distintos inmuebles vinculados con el investigado y con asociaciones relacionadas con el cultivo de cannabis.
Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo al 1400 de Malabrigo, donde se encontraba una mujer identificada como María Paula Carvallo, 35, quien figura como vocal suplente de CANNABRIGO.
En ese domicilio se secuestraron cannabis, documentación y la totalidad del dinero mencionado. Tras la consulta con la fiscal interviniente, se dispuso también la detención de la mujer.
De acuerdo a lo informado, la investigación continúa con el objetivo de determinar la posible existencia de actividades ilícitas vinculadas con la comercialización de cannabis bajo la cobertura de asociaciones habilitadas para su cultivo.


