El Tribunal Oral Federal de Santa Fe dio a conocer los fundamentos de la condena a dos años y tres meses de prisión en suspenso contra María Andrea Patiño, una mujer de 51 años hallada culpable de utilizar títulos falsos para ejercer como docente en escuelas de la provincia y de intentar validar un diploma apócrifo de abogada. Tras la difusión del fallo, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se abra una nueva investigación penal para determinar la autenticidad de un certificado médico presentado por la imputada para eludir el juicio.

La investigación por títulos apócrifos y el perjuicio al Estado

Los fundamentos de la condena contra María Andrea Patiño, una falsa profesora de danza sentenciada por utilizar títulos apócrifos para ejercer como docente en escuelas de la provincia, dejaron al descubierto un episodio ocurrido en los días previos al juicio que ahora tendrá su propia investigación penal.

La causa comenzó en 2018, cuando el Ministerio de Educación de Santa Fe detectó irregularidades en distintos títulos profesionales presentados por Patiño, quien por entonces se desempeñaba como docente en escuelas primarias de Providencia, Sarmiento, San Cristóbal, La Pelada, María Luisa y la ciudad de Santa Fe. La documentación cuestionada incluía certificados que supuestamente acreditaban títulos de profesora de Arte en Danza y Música, profesora de Arte en Teatro y profesora de Arte en Danza con mención en danzas folclóricas, tango y clásico, atribuidos al entonces Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA).

El problema se profundizó cuando la mujer presentó además un diploma de abogada supuestamente expedido por la Universidad de Buenos Aires. Aquel documento también presentaba irregularidades y motivó la revisión de la documentación anterior. Informes incorporados al expediente determinaron que Patiño no figuraba como egresada de la institución emisora de los títulos de danza y teatro.

Tras los sumarios administrativos iniciados en 2018, la denuncia penal llegó en junio de 2019 ante el Ministerio Público de la Acusación. En octubre de 2020, Patiño fue citada a una audiencia imputativa, la Justicia provincial se declaró incompetente y el expediente pasó al fuero federal. El 8 de marzo de 2023 fue procesada por defraudación contra la administración pública en concurso ideal con el uso de documento público adulterado, además de otro hecho de defraudación en grado de tentativa vinculado con el supuesto título de abogada.

El perjuicio patrimonial y los cargos ejercidos

El juez del Tribunal Oral Federal, Luciano Lauría, consideró probado que Patiño utilizó los títulos falsos para acceder a cargos docentes y percibir remuneraciones del Estado provincial entre octubre de 2014 y julio de 2020.

Según los fundamentos del fallo conocido este martes por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, el perjuicio patrimonial fue estimado en $ 550.020,42 a valores históricos, reconstruidos mediante documentación del Ministerio de Educación y registros bancarios de la cuenta donde se depositaban los salarios.

Para el tribunal, la maniobra no consistió solamente en la presentación de documentos irregulares, sino que los títulos permitieron que Patiño obtuviera efectivamente cargos y ejerciera como docente durante varios años. Por ello, los magistrados rechazaron el argumento defensivo sobre la supuesta burdosidad de los papeles y descartaron que para desempeñar las funciones bastara con acreditar idoneidad, ya que la normativa provincial exigía la titulación correspondiente.

La falsa internación y el certificado bajo lupa

El segundo eje de la investigación surgió pocos días antes del debate oral, fijado para el 22 de septiembre. Cinco días antes, los defensores públicos oficiales Fernando Sánchez y Rebeca Mazzón informaron al tribunal que no podían comunicarse con su asistida y aportaron, mediante WhatsApp, un certificado médico fechado el 10 de septiembre.

El documento indicaba que Patiño se encontraba internada por un preinfarto y un cuadro severo de tromboembolia bilateral pulmonar, sin especificar el lugar. Ante esto, el tribunal ordenó verificar la información. La Policía Federal concurrió al domicilio de la mujer, en barrio María Selva, pero no logró ubicarla en el lugar.

Mediante comunicaciones posteriores por WhatsApp, Patiño sostuvo que continuaba internada aunque se negó a precisar en qué nosocomio. Ante dicha situación, el tribunal ordenó su detención para asegurar la realización del debate.

Ya en la audiencia, la imputada sostuvo ante el juez Lauría que había permanecido internada hasta el día anterior en un sanatorio de Rosario, atendida por su cardiólogo de cabecera, y que había recibido el alta voluntaria. Sin embargo, un oficio remitido por la institución médica a pedido de la justicia señaló que Patiño no se encontraba ni había estado internada allí en la fecha indicada, figurando sus últimos registros de atención en diciembre de 2025.

La nueva denuncia penal y la sentencia

El episodio motivó que el fiscal general Martín Suárez Faisal presentara el 24 de septiembre una denuncia para que se investigue la posible comisión del delito de uso de documento privado falso, quedando abierta la calificación jurídica según los avances de la pesquisa sobre la confección y utilización del certificado.

Finalmente, por los hechos vinculados a los títulos, el Tribunal Oral Federal condenó a Patiño a dos años y tres meses de prisión en suspenso y a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Entre las pautas de conducta impuestas se dispuso fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público durante el plazo de la condena. Como atenuante se valoró la carencia de antecedentes penales, mientras que como agravantes se consideraron la modalidad de los hechos, su prolongación en el tiempo y el perjuicio ocasionado al Estado provincial.