Se abrió una reciente investigación judicial que busca determinar si funcionó durante años una presunta maniobra de corrupción dentro de la Armada Argentina que habría involucrado a unos 25 empleados, entre oficiales y civiles, y generado un perjuicio cercano a los $1.600 millones. La operatoria habría comenzado en 2022 y alcanzaba la liquidación de haberes, suplementos salariales y viáticos de personal que viajaba al exterior.

El mecanismo incluía la adulteración de recibos de sueldo y la incorporación de gastos inexistentes en las liquidaciones de viáticos. Además, se habrían realizado acreditaciones de dinero a personas que ya se habían desvinculado de la fuerza.

La maniobra fue denunciada después de que al menos siete integrantes de la Armada se negaran a participar. Esos empleados alertaron a sus superiores sobre lo que estaba ocurriendo y, a partir de esa denuncia, el jefe del servicio contable de la institución se presentó ante los tribunales de Comodoro Py para poner los hechos en conocimiento de la Justicia.

Según la investigación, una de las modalidades utilizadas consistía en asignar suplementos de sueldo al personal. Los empleados que aceptaban esos pagos debían devolver luego la mitad del dinero al departamento contable, donde algunos de sus integrantes se habrían repartido esa diferencia.

La investigación apunta a distintas formas de alterar las liquidaciones de la Armada. Una de ellas habría consistido en generar “cobros fantasma” mediante el uso de números de CUIL correspondientes a personal retirado o dado de baja de la fuerza, a quienes se les habrían asignado pagos pese a no formar parte ya de la institución.

En cuanto a los mencionados suplementos, quienes recibían esos fondos debían devolver posteriormente el 50% del dinero cobrado. La investigación también puso el foco en los viáticos correspondientes a servicios en el exterior. Para concretar esas presuntas liquidaciones irregulares, se habrían asignado montos en moneda extranjera por misiones que directamente no se realizaban. En otros casos, las comisiones efectivamente existían, pero los pagos continuaban una vez finalizadas, aun cuando ya no correspondía abonarlos.

El Ministerio de Defensa confirmó la existencia de la investigación administrativa y la posterior presentación judicial. A través de un comunicado, informó que "se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de sueldos", y añadió que "constatadas las irregularidades, se radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal Número 2, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de la situación".

"La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento de la ley", concluye la nota oficial.