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Recibimos y Publicamos: Exigen explicaciones al gobierno de Pullaro por el desvío de $57.000 millones del IAPOS
16/09/2026 | 310 visitas
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Una fuerte controversia se generó en Santa Fe a partir del Decreto N.º 1878/2026, que autoriza una reasignación de hasta $57.000 millones correspondientes al Servicio Complementario del IAPOS hacia una fuente de recursos de libre disponibilidad.


La medida fue cuestionada por el diputado provincial Miguel Rabbia, quien presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique los alcances y fundamentos de la decisión.


Según el planteo del legislador, los fondos corresponden al Servicio Complementario del IAPOS, un régimen adicional financiado con aportes específicos de los afiliados. Rabbia cuestionó que esos recursos puedan ser utilizados bajo una modalidad que, según interpreta, los pone a disposición de la administración provincial.


En su proyecto, el diputado reclama además la suspensión del descuento correspondiente a este concepto y el reintegro de los fondos que considere excedentes a los afiliados.


Qué dice el decreto


El decreto autoriza al IAPOS a transferir fondos de la fuente correspondiente al Servicio Complementario como un aporte excepcional a la fuente de Recursos Propios de libre disponibilidad, hasta un importe de $57.000.000.000, sujeto a disponibilidad financiera y con devolución cuando resulte factible.


Esta disposición generó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición, que interpretaron la medida como una utilización de recursos del IAPOS para atender las necesidades financieras de la administración provincial.


Rabbia expresó duras críticas contra el Gobierno de Maximiliano Pullaro y sostuvo que los recursos deberían permanecer afectados a las necesidades de los afiliados.


“La plata del IAPOS sale del esfuerzo y del sueldo de los trabajadores para garantizar su derecho a la salud; no es para financiar la fiesta de Pullaro”, afirmó el legislador.


También cuestionó la decisión en relación con las dificultades que atraviesan actualmente los afiliados para acceder a distintas prestaciones.


“¿Con qué autoridad le piden un esfuerzo más a los afiliados cuando el Estado le echa la mano a los fondos de la salud? ¿Cuántos turnos, prótesis, tratamientos dentales y medicamentos se financian con $57.000 millones?”, planteó.


La explicación del Gobierno


Desde el Gobierno provincial rechazaron la interpretación de que se estén retirando recursos del IAPOS para enviarlos a otras áreas de la administración.


Según la explicación brindada desde el área de Economía, se trata de una readecuación interna de partidas entre dos fuentes del propio IAPOS: una correspondiente a los aportes y contribuciones y otra vinculada al Servicio Complementario.


“Las dos siguen en IAPOS. No se le saca un peso ni se le da a otras dependencias de la administración provincial”, señalaron desde el Gobierno a medios santafesinos.


También indicaron que este mecanismo administrativo no sería nuevo y que existen antecedentes de reasignaciones similares realizadas durante gestiones provinciales anteriores, entre ellas las de Omar Perotti y Miguel Lifschitz.


De esta manera, la discusión quedó planteada en torno a la interpretación y al destino operativo de esos $57.000 millones, mientras el pedido de informes presentado por Rabbia busca que el Ejecutivo detalle formalmente los alcances de la medida.


Reclamos sobre las prestaciones


El planteo del diputado también se produce en un contexto de cuestionamientos sobre el funcionamiento del IAPOS. En su presentación menciona reclamos relacionados con honorarios profesionales, demoras en pagos, dificultades para acceder a turnos y denuncias por cobros indebidos de plus.


Rabbia viene impulsando además distintas iniciativas vinculadas al funcionamiento de la obra social provincial, entre ellas la creación de un Consejo Consultivo con participación de afiliados, una línea de atención directa para reclamos y propuestas destinadas a facilitar el acceso a prestadores en localidades del interior.


La polémica por la reasignación presupuestaria continuará ahora en el ámbito legislativo, donde el Ejecutivo deberá responder el pedido de informes presentado por el diputado.


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