El proyecto de Presupuesto 2027 enviado a Diputados generó fuerte tensión en el sector de discapacidad y entre los aliados dialoguistas. La iniciativa propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el IPC. También plantea que el Nomenclador de prestaciones básicas no incluya valores universales y habilita a cada obra social o prepaga a fijar sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo.

   La medida fue descripta por prestadores como "la estocada final" y sorprendió a PRO, UCR e Innovación Federal. Desde el PRO admitieron que "cambia completamente la discusión". El proyecto también propone volver al esquema de pensión por invalidez: quienes tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir compensaciones si registran un empleo. Además, deroga los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793.

   Los aliados habían exigido el pago de compensaciones de emergencia a prestadores y el compromiso de no modificar la fórmula del nomenclador. Ninguno de esos puntos parece cumplirse. La maniobra derivó en una reunión entre LLA y PRO. Mientras un diputado libertario dijo que "es solucionable", otros sostienen que los cambios se compensan con partidas para Discapacidad.

   La incertidumbre alcanza al bloque Provincias Unidas, que alerta sobre los riesgos si cae la emergencia, vigente hasta el 31 de diciembre. Una de las principales alertas es la situación jurídica de medidas de la ley 24.901, como regularización de deudas y compensaciones: no está claro si seguirían vigentes. También preocupa que el aumento del nomenclador quede sujeto a discrecionalidad del Gobierno al no existir regla de actualización.

   Los bloques esperan la comisión informativa de este mediodía, donde expondrán asociaciones y cámaras de prestadores. Se prevé que den cuenta del cuadro del sector, golpeado por el incumplimiento de pagos de compensaciones de emergencia. La deuda supera los $340.000 millones, según fuentes parlamentarias. Desde PRO señalaron: "Entendemos que la emergencia va a finalizar cuando tengamos el cronograma de pagos".

   Entre los "innegociables" de PRO figuraban la actualización automática y mensual de aranceles del nomenclador, acelerar plazos de pago a prestadores —que pueden superar los 90 días—, fortalecer auditorías de pensiones y mejorar el alta de usuarios en Incluir Salud. Laura Rodríguez Machado tomó nota por el oficialismo y habría trasladado exigencias al Ejecutivo. La última palabra la tenía Economía.

   El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, se mostró incómodo ante consultas por compensaciones de 2024: "Tienen que preguntarle a Economía", respondió. Situación similar recibieron jefes de bloque opositores en una reunión con Gianfranco Scigliano. En el oficialismo anticipaban que el Presupuesto explicitaría la postura de la cartera de Luis Caputo.

   Los prestadores aseguran que no fueron convocados a una mesa de trabajo. Para cobrar compensaciones presentaron documentación ante PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad. Algunos debieron acogerse a una moratoria de ARCA. Denuncian que no recibieron cronograma ni detalles del monto. Diputados hablan de un reconocimiento equivalente al 30% de lo facturado, que no se incorporaría a la base prestacional y funcionaría como bono de pago único. Fuentes del sector estiman brechas de hasta 60%. Ejemplifican con los $5.000 diarios para desayuno, almuerzo y merienda de cada chico en centros educativos; para celíacos el valor es el mismo pese al mayor costo. Desde el oficialismo admiten que los reclamos se repetirán en la comisión previa al 23, cuando se prevé dictamen. "Nos van a tirar con todo", se cubren.