El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe impulsa un proyecto de ley enfocado en la prevención, protección y gestión de la violencia de género, el cual ingresará próximamente a la Legislatura provincial. La propuesta busca transformar la respuesta estatal al pasar de un esquema judicial reactivo —que actúa una vez ocurrido el hecho— hacia un modelo dinámico e integral centrado en la evaluación del riesgo desde la primera intervención.

En declaraciones a la emisora LT10, Andrea Travaini, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, enfatizó la importancia de tomar en cuenta la percepción de peligro expresada por las víctimas sin exigir la comprobación con mensajes de texto o marcas físicas. Asimismo, la funcionaria remarcó que las medidas deben recaer "prioritariamente sobre quién es el generador del riesgo y no sobre la persona a proteger", estableciendo que las damnificadas no deban trasladar notificaciones ni se apliquen instancias de mediación o conciliación.

En relación con las herramientas judiciales, la propuesta busca garantizar el uso efectivo de recursos existentes, como las tobilleras duales para controlar el cumplimiento de las restricciones por parte de los agresores. A su vez, se establece la competencia universal para que cualquier juez penal o de familia que tome conocimiento de un caso adopte medidas urgentes de protección y resuelva de forma simultánea aspectos conexos como alimentos, régimen de comunicación y la exclusión del agresor del hogar.

El proyecto contempla además la creación de un registro digital único y transversal en el ámbito del Ejecutivo, accesible para fiscales, jueces y personal de seguridad. Este sistema permitirá consolidar antecedentes tanto de las personas protegidas como de los agresores reincidentes, brindando información precisa a los operadores del 911 al momento de despachar móviles ante llamadas de emergencia.

La elaboración de la norma surgió a partir de rondas territoriales con municipios, comunas y equipos de primer nivel, sumadas a reuniones con juzgados de familia y un pedido explícito del gobernador para incorporar nuevas herramientas. Según expresó Travaini, se busca que todos los actores del sistema de protección integral actúen de manera articulada y sin dilaciones para brindar respuestas oportunas y efectivas.