Dos usuarias iniciaron una demanda comercial contra Mercado Libre S.R.L., que alcanza también a Mercado Pago, por el presunto cobro de intereses excesivos en préstamos. Según el cálculo presentado ante la Justicia, las tasas aplicadas superarían el 1.300% anual.

La acción fue presentada por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), y quedó radicada en el Juzgado Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Alejandra Doti.

El planteo judicial busca que el caso sea tramitado como una acción de clase y solicita, además, el dictado de una medida cautelar para suspender el cobro de las tasas de interés cuestionadas.

Según el abogado, las situaciones denunciadas por sus dos clientas podrían representar un problema que afecta a un universo mucho mayor de usuarios. “Lo que le pasó a mis 2 clientas, son la prueba de una problemática que abarca a millones de personas más debido a que la compañía utiliza el mismo modus operandi al resto de sus usuarios”, sostuvo.

Si la Justicia acepta el tratamiento colectivo del expediente, una eventual resolución podría alcanzar a los usuarios afectados por la misma situación. El objetivo, según explicó el abogado, es que el proceso “abarcaría y representaría a la totalidad de los damnificados y damnificadas” de las empresas involucradas.

Un préstamo de $8.000 y una devolución de $127.000

Uno de los casos incluidos en la presentación corresponde a una usuaria que tomó un préstamo de $8.000 y terminó devolviendo $127.000.

De acuerdo con el cálculo realizado por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina, las condiciones aplicadas al crédito implicarían tasas superiores al 1.300% anual.

“Las tasas aplicadas superan claramente el 1.300% anual, un nivel de intereses que resulta totalmente desproporcionado”, señaló la entidad en relación con el caso.

Espasandín explicó que la demanda pretende revisar los intereses aplicados durante los últimos tres años y reclamar la devolución de las sumas que, según sostiene la presentación, hayan sido cobradas de manera indebida.

“Esta demanda busca que se revisen los intereses cobrados por Mercado Pago durante los últimos tres años y que se restituyan aquellos montos que fueron cobrados indebidamente”, afirmó el abogado.

Además, sostuvo que detrás de los reclamos existen usuarios que acudieron al crédito para afrontar necesidades económicas. “Estamos hablando de consumidores que, en muchos casos, recurrieron al crédito porque necesitaban resolver una situación económica concreta y terminaron enfrentando costos financieros que consideramos excesivos”, manifestó.

Qué cantidad de usuarios podría alcanzar

Uno de los objetivos de la acción colectiva es extender los efectos de una eventual resolución favorable más allá de las dos personas que iniciaron la demanda.

“Queremos obtener una resolución favorable para las damnificadas y que, a partir de ello, pueda avanzarse en el reclamo por los montos cobrados a la totalidad de los usuarios, es decir, a más a siete millones de personas”, afirmó Espasandín.

El abogado también sostuvo que existen antecedentes judiciales para este tipo de planteos. “La Justicia comercial ordinaria tiene jueces bastantes probos, y la Cámara también; ya hay precedentes de acciones de clases contra bancos y con alguna fintech; es decir, hay jurisprudencia al respecto”, manifestó.

Cómo continuará el proceso judicial

El próximo paso será que el juzgado analice la demanda presentada. Luego deberá avanzar el proceso de certificación de la prueba y, posteriormente, la empresa tendrá la posibilidad de contestar el planteo.

Espasandín advirtió que las acciones colectivas pueden extenderse durante un período prolongado, aunque remarcó que el pedido de medida cautelar debería resolverse con mayor rapidez debido a su carácter urgente.

Una vez cumplidas las distintas etapas procesales, las empresas involucradas podrán presentar sus pruebas. En caso de que finalmente exista una sentencia favorable a las demandantes, deberá determinarse qué montos correspondería devolver a los usuarios afectados.

La eventual restitución se establecería mediante una pericia contable e informática, que permitiría determinar los intereses aplicados, los importes cobrados y las diferencias que eventualmente deban ser reintegradas.