La utilización de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes falsas de contenido sensible entre adolescentes comenzó a generar preocupación en el ámbito de la Justicia penal juvenil de Santa Fe.
El fiscal Francisco Cecchini, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa) del Ministerio Público de la Acusación, confirmó que la problemática ya es advertida por esa dependencia a partir de distintas causas y denuncias.
Cecchini prefirió no realizar referencias directas a un caso ocurrido recientemente en una comunidad educativa de San Justo, tanto por tratarse de menores de edad que, en principio, serían no punibles como por la necesidad de evitar la sobreexposición de una situación que involucra a un grupo reducido de personas.
Sin embargo, el fiscal consideró necesario poner el foco en el fenómeno general y en sus consecuencias. “La problemática está siendo advertida por la fiscalía”, sostuvo, y explicó que “tenemos causas y denuncias diversas” relacionadas con este tipo de situaciones.
El referente de la Uferpa señaló que estos hechos pueden producir consecuencias diferentes sobre quienes resultan afectados. “En algunos casos provocan diferentes resultados y daños a las víctimas”, manifestó.
Una de las particularidades que presentan estas investigaciones, según explicó, es que habitualmente tanto quienes generan o difunden las imágenes como quienes aparecen en ellas son menores de edad y, además, suelen conocerse entre sí.
Los casos “se están investigando”, aseguró Cecchini. Y si bien reconoció que la creación de este tipo de imágenes “no es un hecho que esté tipificado” específicamente como delito, advirtió que eso no significa que las consecuencias provocadas queden necesariamente fuera del ámbito penal.
“La realidad es que los daños que pueden provocar sí llevaban a la posibilidad de imputar, por ejemplo, las lesiones, que en este caso son psicológicas para con las víctimas y sus familias”, explicó.
De esta manera, el análisis de cada situación no se limita a determinar quién produjo una imagen artificial o quién la compartió, sino también a establecer cuáles fueron sus consecuencias concretas y si esas consecuencias pueden ser encuadradas en figuras previstas por la legislación vigente.


