El Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanza en la investigación de una causa iniciada en la ciudad de San Justo, donde un adolescente fue identificado por crear y difundir imágenes desnudas de sus compañeras de colegio utilizando herramientas de inteligencia artificial.

Martín Durando, abogado defensor de las víctimas, explicó el alcance del caso: "Es un hecho que causa un perjuicio incalculable a las víctimas, que son mujeres menores de edad. Se viralizaron fotos reales de ellas en su contexto cotidiano, pero editadas con inteligencia artificial para retirarles la ropa".

Según detalló el letrado, el caso afecta a entre seis y siete adolescentes de 15 y 16 años. "Las imágenes fueron tomadas de sus perfiles personales de Instagram y Facebook. Esto provocó un daño enorme: algunas chicas no querían volver a la escuela y las familias están atravesando una situación de mucha angustia", indicó Durando, quien añadió que las fotografías manipuladas se difundieron principalmente a través de WhatsApp.

Respecto a la autoría, la investigación apunta a un compañero del mismo establecimiento educativo, aunque no se descarta la participación de más implicados. Si bien el acusado habría pedido disculpas a algunas de las víctimas, la Fiscalía de San Justo trabaja en la recolección de pruebas y ya tomó declaración a los padres de las afectadas.

El vacío legal y el marco punible

Consultado sobre la encuadre jurídico del caso, Durando advirtió sobre la brecha entre el avance tecnológico y la legislación penal: "Enmarcar el hecho es la tarea más compleja por el estancamiento de la ley penal. No obstante, la conducta queda alcanzada por el Código de Faltas de la provincia de Santa Fe en lo relativo a contravenciones por acciones injuriosas y dañosas. Asimismo, existe una clara responsabilidad civil que recae sobre los progenitores por la responsabilidad parental respecto a los actos de sus hijos menores".

En cuanto a la punibilidad, el abogado aclaró que la tipificación penal del hecho enfrenta un obstáculo técnico: "Para que una conducta sea punible debe estar subsumida de forma exacta en el Código Penal. La ley nacional que aborda estas conductas comenzó a regir este mes y los hechos investigados son anteriores, por lo que aplica el principio constitucional de no retroactividad de la ley penal".