Un tribunal de Estados Unidos deberá determinar si Lindsay Clancy era penalmente responsable cuando causó la muerte de sus tres hijos en la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts. La mujer está acusada por los fallecimientos de Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses.

El hecho ocurrió el 24 de enero de 2023, mientras su esposo se encontraba fuera de la casa. Luego de asfixiar a los niños, Clancy se autolesionó y se arrojó desde una ventana, pero sobrevivió con graves secuelas físicas.

La acusada no niega la autoría material de los hechos, pero se declaró no culpable por falta de responsabilidad penal. El juicio no busca establecer quién mató a los niños, sino determinar cuál era su estado mental y si podía comprender o controlar sus acciones.

El argumento de la defensa

La defensa sostiene que Clancy atravesaba una psicosis posparto y había perdido el contacto con la realidad. Según esta postura, una voz masculina le habría ordenado matar a sus hijos bajo la idea de que así los protegería.

Los abogados también señalaron que la mujer padecía depresión, ansiedad, insomnio y pensamientos suicidas. Durante los meses anteriores había sido atendida por distintos profesionales, recibió medicación psiquiátrica y realizó llamadas a centros de prevención del suicidio.

La defensa cuestionó la coordinación entre los médicos y afirmó que la combinación de medicamentos pudo haber agravado su cuadro. Ese planteo forma parte de la discusión sobre el tratamiento recibido antes del episodio que generó una amplia repercusión en Estados Unidos.

La postura de la fiscalía

La fiscalía reconoció que Clancy tenía problemas de salud mental, pero sostuvo que comprendía sus acciones y organizó el crimen. Como indicios de planificación, presentó las búsquedas que realizó en su teléfono y el pedido para que su esposo fuera a comprar comida y medicamentos.

La acusación también indicó que no existen antecedentes clínicos de que la mujer hubiera mencionado voces antes de las muertes. Los médicos que declararon durante el juicio afirmaron que Clancy no les había relatado previamente la supuesta alucinación.

Un psicólogo forense convocado por la fiscalía consideró que la acusada podía ser responsabilizada penalmente. Durante el interrogatorio, la defensa cuestionó su experiencia específica en casos de depresión y psicosis posparto.