La empresa láctea Verónica formalizó su presentación en concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 17 para hacer frente a un pasivo total de $15.945 millones. Con esta medida judicial, la compañía administrada por la familia Espiñeira busca frenar una quiebra definitiva tras meses de parálisis en sus operaciones productivas y laborales.

El descalabro financiero reportado por la firma incluye deudas bancarias por $4.745 millones con múltiples entidades financieras y más de 2.900 cheques rechazados que superan los $11.200 millones. A este crítico panorama se suma el reclamo de unos 150 productores tamberos que proveían la materia prima, a quienes la empresa les adeuda una cifra estimada en 60 millones de dólares.

La parálisis afecta directamente a las tres plantas que posee en las localidades santafesinas de Clason, Lehmann y Suardi, donde para los 438 empleados bajo convenio la crisis se volvió dramática. Los trabajadores denuncian que llevan ocho meses sin cobrar sus haberes y que el pasado 23 de julio comenzaron a llegar telegramas de despido masivo para 123 operarios y administrativos en la planta de Lehmann.

En medio del proceso judicial, la única señal de reactivación parcial proviene de un acuerdo a fasón con la cooperativa cordobesa Copalac en la planta de Suardi. Esta operatoria transitoria prevé dar tareas a unas 30 personas para la elaboración de leche en polvo, aunque el gremio advirtió que es una respuesta insuficiente ante la gravedad global del conflicto.

En medio de esta situación crítica, los trabajadores de Verónica denunciaron la falta de respuestas del Gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro. Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) señalaron que la empresa "continúa formalmente activa" y que no comunicó ningún cierre. Sin embargo, los empleados siguen sin cobrar sus haberes y tampoco fueron despedidos ni recibieron indemnizaciones.

Además, desde el gremio explicaron que los trabajadores reciben todos los meses la notificación correspondiente a sus recibos de sueldo, aunque el dinero nunca se deposita. El reclamo también apunta directamente contra la administración provincial. Desde ATILRA cuestionaron la falta de intervención ante una situación que, según explicaron, no puede reducirse simplemente a un conflicto entre privados.