La Justicia confirmó en segunda instancia la prisión preventiva de una suboficial de la Policía de Investigaciones (PDI) que está siendo investigada por la presunta filtración de información reservada en el marco de una causa por microtráfico de drogas en Avellaneda.

La imputada tiene 27 años y sus iniciales son SEO. La decisión fue adoptada por el camarista Eduardo Bernacchia, quien confirmó lo resuelto en primera instancia por el juez Mauricio Martelossi.

La investigación está a cargo del fiscal Sebastián Galleano, integrante de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En el mismo legajo también está imputado otro agente policial, quien transita el proceso bajo prisión preventiva.

La Fiscalía sostiene que se filtró información sobre los allanamientos

De acuerdo con la atribución delictiva, la suboficial y el otro agente investigado habrían utilizado su condición de funcionarios públicos y el acceso a información confidencial para beneficiar a personas investigadas por la comercialización de estupefacientes.

El fiscal Galleano explicó que ambos policías habrían ayudado a un hombre investigado por venta de drogas y a otras personas vinculadas con él a dificultar el accionar del MPA y de las fuerzas de seguridad.

Según la investigación, la maniobra permitió frustrar parcialmente una serie de allanamientos que se realizaron el viernes 29 de mayo en distintos domicilios de Avellaneda.

Galleano señaló que, mientras la suboficial se encontraba de licencia, el otro imputado le habría comunicado la fecha exacta en la que se realizarían los procedimientos.

A partir de esa información, siempre según la acusación, la mujer habría enviado un mensaje a través de WhatsApp a uno de los residentes de los inmuebles que iban a ser allanados.

“La uniformada alertó por WhatsApp a uno de los residentes en esos inmuebles, a fin de que tanto él como los integrantes de su entorno pudieran eludir la persecución penal”, sostuvo el fiscal.

Eliminación de mensajes y dispositivos

Otro de los elementos valorados por la Fiscalía está relacionado con las acciones que, presuntamente, realizaron los imputados después de que se detectara la filtración.

Galleano afirmó que existen evidencias de que ambos agentes mantuvieron conversaciones sobre los mensajes que podían comprometerlos, eliminaron chats y descartaron dispositivos móviles.

Para el fiscal, esas conductas forman parte de una maniobra destinada a obstaculizar el avance de la investigación y procurar la impunidad de los involucrados.

Además, la Fiscalía sostiene que los policías intentaron instalar una hipótesis alternativa para desviar las sospechas hacia otros integrantes de la fuerza.

Según Galleano, los imputados, por sí mismos o a través de terceros, habrían elaborado imágenes digitales que simulaban capturas de conversaciones de WhatsApp entre superiores y compañeros de la PDI y personas vinculadas con los domicilios que iban a ser allanados.

La intención, de acuerdo con la acusación, habría sido hacer creer que la información reservada había sido filtrada por otros integrantes de la fuerza.

Confirmaron los riesgos procesales

Al analizar el planteo de la defensa, el camarista Eduardo Bernacchia consideró que las evidencias reunidas hasta esta etapa resultan suficientes para sostener la materialidad del hecho investigado.

Además, confirmó la existencia de peligro de entorpecimiento probatorio, uno de los argumentos centrales para mantener la prisión preventiva.

Galleano destacó que el magistrado tuvo en cuenta la capacidad que tendría la imputada, por su condición de integrante de la fuerza, para desviar el curso de la investigación, además del riesgo que podría existir respecto de los testigos.

El camarista también consideró que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo, otro de los elementos valorados para rechazar el pedido de excarcelación.

El pedido para que pueda estar con su bebé

Durante la audiencia de segunda instancia también se analizó el pedido de la defensa para que la suboficial accediera a la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que tiene una bebé y su situación de salud.

Bernacchia evaluó el planteo a partir del principio del Interés Superior del Niño, pero consideró que este no se identifica exclusivamente con la presencia de la madre en el hogar.

De acuerdo con lo informado por el fiscal, el camarista tuvo en cuenta que la salud y el cuidado de la bebé están siendo atendidos actualmente por familiares y profesionales médicos.

Sin embargo, el magistrado instó a la Fiscalía a gestionar un nuevo lugar de alojamiento que permita que la imputada pueda estar con su bebé o, en su defecto, acceder a condiciones más adecuadas a la brevedad, teniendo en cuenta el estado de salud de la niña.

Por el momento, la suboficial continuará privada de su libertad.

La imputación

La mujer es investigada provisoriamente como coautora de los delitos de encubrimiento agravado, por su condición de funcionaria pública, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa continúa bajo la dirección del fiscal Sebastián Galleano, mientras se profundiza el análisis de las evidencias relacionadas con la presunta filtración de información, las comunicaciones entre los agentes investigados y las maniobras que habrían sido desplegadas para obstaculizar el avance de la investigación por microtráfico.