El secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, confirmó la realización de una jornada provincial de protesta que incluirá la firma de un petitorio masivo por parte de los trabajadores de la educación. La medida busca exigir la derogación de la reforma y la emergencia previsional, el cese del denominado aporte solidario y la equiparación en el cobro de aumentos salariales entre activos y pasivos.

"Exigimos que el pago de los aumentos sea simultáneo tanto para activos como para pasivos, y que se respete un sistema jubilatorio que tiene que ser solidario, de reparto, público y estatal", sostuvo Alonso. Además, advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo en el sector: "Reclamamos que se respete el 82% móvil; hoy un docente jubilado está percibiendo el 60% de lo que cobra un docente en actividad".

Al evaluar el impacto de las recientes paritarias, el referente gremial criticó con dureza la política salarial del Ejecutivo santafesino. "Pusieron una cláusula en la que, por única vez, se actualizaba el salario mediante una suma no remunerativa y no bonificable para los activos a fin de igualar la inflación. ¿Y los pasivos? Bien, gracias. En la paritaria, los más perjudicados son los jubilados, quienes además no tuvieron el piso garantizado y recién van a terminar de percibir el 10,1% de aumento en febrero", remarcó.

En relación con el frente legal impulsado por el gremio contra la norma aprobada en la Legislatura, Alonso precisó que el expediente se encuentra radicado en el máximo tribunal santafesino. "El reclamo judicial está en la Corte Suprema de Justicia y ahora se tiene que expedir. Lo que esperamos es que la Justicia sea justa, aunque sea por una única vez. Es inaudito que un jubilado que aportó toda su vida tenga que seguir aportando", afirmó.

Por último, el titular de Amsafe cuestionó la orientación económica de la gestión provincial. "Mientras hay grandes grupos económicos beneficiados por este modelo, como el sector agroexportador que no paga Ingresos Brutos, el jubilado que no llega a fin de mes, que tiene la tarjeta reventada y no puede comprar medicamentos, sí los paga. Es una vergüenza la crueldad de la política del Gobierno provincial con los docentes activos y, sobre todo, con los jubilados", concluyó.