Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización criminal dedicada a la explotación sexual tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la provincia de Tucumán.

La investigación comenzó en agosto de 2025, cuando personal del Departamento Trata de Personas de la PFA detectó en la Terminal de Ómnibus de Retiro el arribo de dos mujeres procedentes de Tucumán. Una de ellas registraba un pedido de paradero vigente realizado por sus familiares, lo que motivó la inmediata intervención policial.

A partir de la activación del Protocolo de Alerta Temprana y de las entrevistas realizadas por especialistas en asistencia a víctimas, se detectaron indicadores compatibles con el delito de trata de personas. Las primeras averiguaciones permitieron establecer que una de las mujeres había sido captada mediante una falsa oferta laboral y trasladada al Área Metropolitana de Buenos Aires con fines de explotación sexual.

Con intervención judicial se dispuso el secuestro y posterior peritaje de diversos dispositivos electrónicos, cuyo análisis resultó determinante para reconstruir el funcionamiento de la organización. La evidencia obtenida permitió identificar a sus integrantes y establecer el rol que cada uno desempeñaba dentro de la estructura delictiva.

Durante varios meses, los investigadores realizaron distintas tareas de inteligencia criminal, entre ellas la utilización del recurso especial denominado "Agente Revelador Digital". Estas diligencias permitieron determinar que la organización captaba mujeres en situación de vulnerabilidad en distintas provincias del país para luego trasladarlas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde eran explotadas sexualmente en departamentos de alquiler temporario, modalidad utilizada para evitar controles y dificultar su detección.

Asimismo, se estableció que en la provincia de Tucumán la organización contaba con una mujer encargada de captar a las víctimas, mientras que un hombre se ocupaba de trasladarlas, ya fuera en un vehículo particular o mediante transporte de larga distancia, hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde eran sometidas a explotación sexual.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, con la Secretaría Nº 13 del Dr. Santiago Maldonado, ordenó la realización de siete allanamientos: dos en la localidad bonaerense de Villa Tesei, uno en Castelar, tres en el barrio porteño de Palermo y el restante en la ciudad tucumana de Yerba Buena.

Durante los procedimientos, en los que también colaboró personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Tucumán-Sur de la PFA, fueron rescatadas ocho mujeres víctimas de explotación sexual.

Además, fueron detenidas cinco personas: tres mujeres —dos de nacionalidad colombiana y una argentina— y dos hombres de nacionalidad venezolana. También se secuestraron teléfonos celulares, dos notebooks, una CPU, tarjetas SIM, seis cuadernos con anotaciones y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interviniente por presunta infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.