En una audiencia realizada en la mañana de este miércoles en los tribunales de Reconquista, el juez Basualdo resolvió autorizar el derribo de un búnker de venta de estupefacientes ubicado en el barrio Islas Malvinas, en el marco de una causa por microtráfico.

La medida fue solicitada por la fiscalía en representación del doctor Sebastián Galleano, quien intervino en la audiencia y fundamentó el pedido en la Ley Provincial 14.239, que regula la persecución de delitos vinculados al narcotráfico en Santa Fe.

Una medida cautelar sin precedentes en la ciudad

Según explicó el fiscal, la solicitud se realizó como medida cautelar dentro de una investigación que ya se encuentra en etapa avanzada, con imputados y próximas instancias de acusación formal.

El funcionario sostuvo que el inmueble habría estado vinculado no solo a causas de estupefacientes, sino también a otros delitos como robos y encubrimientos, y que el lugar fue identificado como punto de actividad ilícita reiterada durante un extenso período.

“Una oportunidad histórica” para la justicia local

Durante la audiencia participaron representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia, entre ellos la coordinación de la PDI y el área de análisis criminal, que interviene en los procesos de inactivación de puntos de venta de drogas en distintos puntos del territorio santafesino.

El fiscal Galleano destacó que el juez consideró la resolución como una “oportunidad histórica”, ya que sería la primera vez que en Reconquista se aplica una medida de estas características en el marco de la normativa de microtráfico.

Fundamentos legales de la decisión

La resolución se apoya en el artículo 6 de la Ley 14.239, que habilita a la fiscalía a solicitar la inactivación o demolición de inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes, cuando existan elementos probatorios suficientes.

En este caso, el juez Basualdo hizo lugar al pedido tras evaluar los informes aportados por la fiscalía y los organismos de seguridad intervinientes.

Próximos pasos

Si bien aún no se fijó una fecha para el operativo, la resolución judicial habilita el avance del procedimiento de demolición, que será coordinado por áreas específicas del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

La medida marca un antecedente relevante en la región en el marco de las políticas de intervención sobre puntos de venta de drogas en barrios urbanos, según destacaron fuentes judiciales.