La diputada nacional Lilia Lemoine quedó en el centro de una controversia judicial tras la presentación de dos denuncias que cuestionan su situación patrimonial y el presunto uso de recursos públicos para afrontar gastos de su defensa legal.

Las presentaciones fueron realizadas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín, quienes sostienen que la legisladora habría omitido información relevante en la declaración jurada presentada en octubre de 2024, correspondiente al ejercicio 2023.

Según los denunciantes, Lemoine no presentó la declaración jurada inicial que, por ley, deben entregar los funcionarios dentro de los primeros 30 días hábiles desde su asunción. La diputada asumió su banca el 10 de diciembre de 2023.

En la única declaración presentada, la legisladora informó un patrimonio de cero pesos, sin bienes, deudas ni gastos personales. Sin embargo, los denunciantes afirman que registros de la Central de Deudores del Banco Central reflejarían que, al 31 de diciembre de 2023, mantenía una deuda de 502 mil pesos con cuatro entidades financieras.

Entre los compromisos señalados figuran una deuda con Tarjeta Cencosud, clasificada en situación 4 por atraso en los pagos, además de obligaciones con el Banco Ciudad y créditos vinculados a Mercado Libre.

"El problema no es que haya tenido deudas, sino que no las declaró", sostuvo el abogado Facundo Pérez Ernst en declaraciones a Página/12.

El letrado agregó que, si bien la diputada habría cancelado esas obligaciones luego de comenzar a percibir su salario como legisladora, debía informar cuál era su situación patrimonial al momento de asumir el cargo.

Cuestionamientos sobre bienes inmuebles

La denuncia también plantea dudas respecto de los bienes inmuebles declarados. Los denunciantes consideran que Lemoine debió informar la vivienda que heredó de su madre y donde actualmente reside.

La legisladora sostuvo públicamente que no la incluyó debido a que la sucesión aún no finalizó. No obstante, Pérez Ernst argumentó que, al tratarse de hija única, ya contaría con derechos sucesorios que debieron ser consignados.

Además, un testigo de identidad reservada aseguró que existirían otras propiedades presuntamente vinculadas a la diputada en Belgrano e Ituzaingó, aunque esa información todavía no fue corroborada por la Justicia.

Otra denuncia por el presunto uso de recursos públicos

La segunda presentación judicial surgió a raíz de declaraciones de la propia Lemoine, quien reconoció en una entrevista que los honorarios de su abogado penalista eran afrontados mediante un contrato de asesor dentro de la Cámara de Diputados.

La causa quedó radicada en el juzgado del magistrado Ariel Lijo, quien ya convocó a los denunciantes para ratificar la presentación. La investigación buscará determinar si existió un uso indebido de recursos públicos para fines particulares.

De acuerdo con los denunciantes, tras el inicio de la causa el abogado habría dejado la defensa de la diputada y anunciado su salida del Congreso, aunque esa situación aún no fue confirmada oficialmente.

La respuesta de la defensa

Consultado por Página/12, el abogado de Lemoine, Hernán Seivane, rechazó las acusaciones y sostuvo que, hasta el momento, no existe ninguna observación formal de la fiscalía.

"Cuando la fiscalía diga que hay algo raro, contestaré. De momento no hay nada", afirmó.

Respecto de las presuntas inconsistencias en la declaración jurada, agregó: "No soy contador, oportunamente hablaré con un contador en caso de que haya algún error material en la misma".