Iván Mercado Reyes y Norma Elena Vega, el matrimonio dueño de los perros, fueron condenados a 4 y 3 años de prisión, respectivamente, por el homicidio culposo de Diego Román, el niño de 12 años que falleció en 2019 tras ser atacado por sus canes en la localidad de Recreo, Santa Fe.

La sentencia judicial

El tribunal penal de Santa Fe condenó a Iván Mercado Reyes y Norma Elena Vega, propietarios de los canes que en 2019 atacaron a Diego Román, quien entonces tenía 12 años, causándole la muerte. El juez Pablo Busaniche los encontró responsables del delito de «homicidio culposo», imponiendo penas de 4 y 3 años de prisión, respectivamente. En el caso de Vega, al tratarse de su primera condena y por el monto de la pena, la sentencia es de cumplimiento condicional.

El inicio del proceso y la acusación

El matrimonio había enfrentado el juicio oral bajo la grave imputación de «homicidio con dolo eventual». La acusación se fundaba en su rol como propietarios de la jauría de diez perros que, entre el 3 y el 4 de julio de 2019, atacaron al niño de 12 años en un predio rural lindero a la residencia de los acusados, en la ciudad de Recreo. No obstante, durante el debate, el juez Busaniche recalificó la conducta y dictó sentencia por la figura subsidiaria de «homicidio culposo».

Las partes en el juicio

La investigación penal fue desarrollada por la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y la causa fue elevada a juicio por los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria. El padre de la víctima, Diego Román, se constituyó como querellante particular, representado por las abogadas Lucrecia Fernández y Vanina Frutero, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ). La defensa técnica de Iván Reyes y Norma Vega fue ejercida por el doctor Néstor Pereyra, quien ha anticipado su intención de apelar la sentencia.

La prueba forense y la dinámica del ataque

Un eje central en el debate oral fue el testimonio del médico forense Pascual Pimpinella. Con una experiencia de más de 7.000 autopsias en 27 años de carrera, su dictamen resultó crucial para determinar la mecánica de la muerte de Diego Román. Pimpinella fue concluyente al señalar que las heridas fatales, entre las que se destacó la rotura de la arteria femoral, fueron infligidas por «animales depredadores» mientras el niño de 12 años aún se encontraba con vida. Su pericia descartó de plano la intervención de terceros o el uso de armas blancas.

La hipótesis de la acusación se fortaleció con los resultados de los peritajes de laboratorio. En las prendas de la víctima se hallaron pelos con correspondencia genética con dos de los perros propiedad de los imputados Reyes y Vega. Uno de estos animales fue identificado como el «macho alfa» de la jauría.

Expertos que participaron en el juicio describieron el comportamiento de los diez ejemplares que conformaban la jauría, incluyendo razas como Rottweiler y Boxer. Precisaron una modalidad de ataque coordinada, donde un perro iniciaba el embate y el resto rodeaba a la víctima para derribarla. Esta reconstrucción técnica fue fundamental para el bloque acusador al sostener que el ataque fatal ocurrió bajo la órbita de custodia de los ahora condenados.

El desarrollo del debate oral

El debate comenzó el 27 de mayo y se extendió durante varias jornadas vespertinas en la sala 2 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Ante el estrado desfilaron numerosos testigos, incluyendo efectivos policiales, peritos, vecinos de Recreo y familiares de la víctima.

La discusión jurídica medular se centró en la calificación penal de los hechos. Tanto los representantes del Ministerio Público de la Acusación como las abogadas de la querella insistieron en la figura de «homicidio con dolo eventual», fundamentando su postura en una «comisión por omisión». La fiscalía hizo hincapié en que los acusados tenían pleno conocimiento de la «potencialidad agresiva» de sus perros, debido a incidentes previos con vecinos y otros animales. A pesar de ello, sostenían, el cerramiento del predio resultaba deficiente, lo que constituía un incumplimiento de las ordenanzas municipales de seguridad vigentes.

En contraposición, la defensa del doctor Néstor Pereyra procuró sembrar la duda razonable con el fin de obtener la absolución de sus defendidos. Su estrategia se basó en cuestionar la ausencia de rastros hemáticos en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima. Además, sugirió que, dada la amplia presencia de perros sin control en la localidad de Recreo, el ataque mortal pudo haber sido perpetrado por animales no pertenecientes a los ahora condenados.